a semana pasada desde Ginebra, Suiza, se celebró la reunión del Comité Ejecutivo Mundial de IndustriALL Global Union que representa a más de 50 millones de trabajadores de 140 países. Un encuentro muy importante e interesante, como todos los anteriores, pero más en esta ocasión por la evidente crisis sanitaria y la posterior depresión económica que estamos experimentando, la cual no habíamos conocido jamás los que somos parte de esta generación.

Durante seis horas por videoconferencia y con una agenda previamente acordada, iniciamos los trabajos a las tres de la mañana hora de México, 10 de Europa, y concluimos pasando las nueve del mismo día. Un gran logro ante tantos temas trascendentes que estamos experimentando y donde la capacidad de análisis y de síntesis de todos los participantes fue extraordinaria. Iniciamos primero con una afirmación dramática que todos los días vemos en la vida, pero que preocupa y da temor a los ciudadanos y es: hoy estamos viviendo una profunda recesión que no habíamos visto en muchos años y que no desaparecerá fácilmente ni en algunos meses ni quizá en años.

Antes de la pandemia muchas personas en México y en el mundo ya estaban padeciendo los efectos negativos de la marginación y la pobreza, e incluso no tenían lo suficiente para comer bien, tener un techo seguro, acceso a escuelas, hospitales o transporte porque los escasos recursos no les alcanzaban. Con la epidemia y el cierre de los negocios, las empresas y las actividades, muchos empleos, así fueran de sobrevivencia, se han perdido y las oportunidades de recuperarlos se han vuelto sumamente complicadas. En pocas palabras, el hambre y la pobreza se han agudizado. Quizás el sector de las mujeres es el principal perdedor de esta crisis y la situación cada vez se vuelve más desesperada.

En México se han conocido casos de negocios y fábricas en los que han obligado a los trabajadores a asistir a laborar aun estando enfermos. Y no somos el único país en el que los dueños de las compañías y los especuladores abusivos se han convertido en verdaderos casos de explotación y delincuencia cínica y descarnada. Con ello han tomado ventaja de los trabajadores que por su necesidad económica de sobrevivencia para ellos y sus familias, aceptan esas condiciones de abuso inhumano. Por ello, podemos afirmar que muchas empresas están utilizando la crisis para disminuir los derechos laborales y mantener un mayor control sobre la clase trabajadora.

A veces también esas mismas u otras empresas, han inventado teorías de conspiración e intervención estatales para negar sus obligaciones y responsabilidades fiscales, legales, laborales y de cualquier otra concepción que les dé pretexto para evadir sus compromisos ante la ley y ante la sociedad, especialmente en el ejemplo de las corporaciones multinacionales.

En el caso de la economía de Estados Unidos, los inversionistas han incrementado en más de 500 mil millones de dólares sus ganancias, según los datos mencionados por IndustriALL, mientras que el número de desempleados en ese país ya alcanza los 45 millones de personas. Los precios de las acciones de las entidades más poderosas y ligadas a los sectores productivos se han disparado y la demanda por los bienes de lujo en países como España se han elevado en más de 20 por ciento.

De ahí que sea necesario establecer en la ley, como lo están exigiendo los sindicatos de Alemania, una iniciativa para consolidar el derecho al cuidado, o a la atención de las necesidades sociales y obligar al gobierno a que cumpla también con esta reforma de apoyo a la clase trabajadora. Para el sindicalismo mundial no es aceptable que las personas más pobres y marginadas paguen el costo de esta crisis, mientras que los más ricos aumenten más cada día la posesión de bienes materiales y de lujo.

La Organización Internacional del Trabajo calcula en 300 millones de empleos formales los que se han perdido en el mundo, además de otros 300 millones de desempleados o trabajadores sin formalidad. En estos meses las grandes empresas internacionales han mostrado una enorme prisa para protegerse y a sus accionistas también. De hecho, muchos patrones y sus directivos se están aprovechando de la crisis y utilizan sus efectos negativos para restructurar sus plantas productivas e incluso toman decisiones para reducir el número de empleos en casos que no tiene nada que ver con la pandemia.

En estas condiciones, hay serias amenazas contra la democracia, la justicia, el bienestar y los derechos de los trabajadores. De ahí que se requiera elaborar un plan nacional emergente para frenar los abusos y las violaciones a los derechos humanos y laborales para tener un programa de regreso seguro al trabajo, al mismo tiempo que asegurar una nueva política económica para la crisis y después de ella. Es fundamental terminar con el chantaje de los inversionistas nacionales y quizá algunos extranjeros, que frecuentemente usan la amenaza de frenar o retirar sus inversiones, como en algunos casos ya lo están haciendo, para obligar al gobierno y al pueblo a aceptar sus condiciones y echar para abajo a los gobiernos progresistas. Asimismo, fortalecer a las organizaciones sindicales democráticas y progresistas que antepongan los intereses de México por encima de cualquier pretensión personal o de grupo. La decisión es y será únicamente de los ciudadanos que verdaderamente quieren a México y busquen atenuar el impacto de la crisis y recuperar el nivel de actividad y los programas anteriores a la pandemia.