La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local en el Congreso, Guadalupe Chavira de la Rosa, adelantó que presentará una ley en materia de asociaciones público-privadas que facilitarán la participación de ambos sectores en obras y la prestación de servicios, como parte de las estrategias para incentivar al sector de la construcción y acelerar el desarrollo económico que permita a la ciudad salir de la crisis generada por la emergencia sanitaria.

Explicó que la ley será una herramienta que permitirá a la ciudad usar un tipo de financiamiento con participación pública y privada en contratos multianuales.

Actualmente corresponde al gobierno local proveer y financiar casi la totalidad de la infraestructura, con inversión propia para servicios de vialidad, hospitalarios, agua potable, energía, transporte, seguridad y telecomunicaciones, y ante la insuficiencia presupuestaria, contra un escenario de endeudamiento e incremento de impuestos está la opción de que participe la iniciativa privada en bienes de servicio público.

Desde 2012 existe una ley federal que establece las normas de dicha colaboración, pero a nivel local se carece de una que defina condiciones como la previa aprobación del Legislativo, como ocurre con las autorizaciones para establecer fuentes alternas de garantía de pago en la contratación de proyectos de prestación de servicios a largo plazo, como el que se aprobó en diciembre pasado con el que se financia la modernización integral de trenes y el sistema de vías de la línea 1 del Metro.

El pasado jueves, industriales de la Construcción solicitaron al Congreso local integrar lo más pronto posible el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para que dicho organismo constituya un banco de proyectos de corto, mediano y largo plazo, que permitan acelerar el desarrollo económico en la ciudad.