Buenos Aires. El juez federal Federico Villena ordenó la detención de más de veinte personas, entre ellas la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Mabel Martinengo, en el pasado gobierno de Mauricio Macri, así como de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sospechosos de haber espiado ilegalmente a unos 500 políticos, periodistas, religiosos, magistrados y periodistas.

Martinengo y los otros sospechosos “cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de funcionarios, empleados públicos y agentes o dependientes de las fuerzas de seguridad y de la AFI, indicó el juez en su orden para detener a más de 20 personas. Villena determinó que el accionar de este grupo estaba destinado a obtener información, produciendo inteligencia, almacenando datos de personas con el objetivo de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas.

En la mayor causa de espionaje ocurrida en tiempos democráticos realizado durante el pasado gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) se investigaron archivos y se analizaron centenares de grabaciones y escuchas también ilegales a más de medio millar de personas e instituciones.

En otra causa, se dispuso la indagatoria y la prohibición de salir del país a los ex ministros de Economía y Transporte, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, respectivamente; al director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al titular de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Fría, y otros por corrupción en el sistema de peajes favoreciendo a Macri y sus empresas.

Las indagatorias fueron ordenadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral en el contexto del expediente en el que se investigan maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales a escala mundial, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.

Se investigan “las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron por cifras de hasta mil millones de dólares.

Macri, que acumula acusaciones por su relación con la AFI, fue denunciado en calidad de responsable de los lineamientos estratégicos y objetivos de inteligencia nacional, como máxima autoridad de ese sistema.

El escándalo del espionaje ilegal llegó hasta el periódico The New York Times, mediante una nota del periodista Hugo Alconada Monn, del periódico La Nación (pro Macri), que estaba en la lista de vigilados, bajo el título Las lecciones que aprendí del año que me espiaron, en referencia a lo que conoció y escuchó como víctima del espionaje en el juzgado del juez Villena. Destacó que lo habían espiado cuando trabajaba en una investigación que incomodaba al poder político y empresarial relatando que lo espiaron y lo siguieron. Analizaron el lugar en el que vivo, el automóvil que uso y hasta fueron a la casa de mis padres, dos jubilados con más de 70 años, y queda por salir a la luz si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa, escribió Alconada.

Entre las noticias importantes del día, el gobierno del presidente Alberto Fernández derogó mediante un decreto la ley promulgada por Macri y que permitía la incorporación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras, control del narcotráfico y terrorismo, y la actuación del ejército vuelve a ser la defensa ante agresiones extranjeras.