l Presidente de la República daba un mensaje en Palacio Nacional en conmemoración de que dos años atrás había obtenido un arrollador triunfo electoral, mientras en Irapuato 24 jóvenes eran asesinados por un comando armado y siete más quedaban heridos.

Coincidencia o intencionalidad, el mensaje guanajuatense contrastaba con el dado en la Ciudad de México, donde el político tabasqueño que gobierna al país pasaba revista a las grandes líneas del ejercicio político que ha cumplido de manera formal durante un año y siete meses, tomando como referencia que recibió la banda presidencial el 1º de diciembre de 2018, pero que ha desarrollado informalmente durante dos años, pues a los dos días siguientes de su triunfo electoral, ante el virtual mutis temprano de Enrique Peña Nieto, inició el hiperactivismo expansivo que mantiene hasta la fecha.

Además de reivindicar su política de asistencialismo social, y de respeto a las libertades aun cuando este sería el presidente de México más insultado, Andrés Manuel López Obrador insistió en el manejo de variables estadísticas que significarían que la violencia en México no es tan grave como muchos consideran y detalló su polémica autoasignación del papel de guardián de la democracia ante los riesgos de nuevos fraudes en las elecciones intermedias del año próximo.

En Irapuato, mientras tanto, el ataque a un centro de rehabilitación en la comunidad de Arandas, con las imágenes de jóvenes boca abajo, sobre colchonetas y cobijas, con disparos mortales sobre sus cuerpos, agravaba la percepción de que en Guanajuato la violencia criminal ha rebasado a las autoridades locales y hace urgente el apoyo o la intervención de las fuerzas federales.

Lo cierto es que esa entidad ha sido escenario, no sólo recientemente, de un intenso forcejeo político, administrativo y judicial a causa del alto número de delitos graves que se cometen y de un cada vez más tenso desacuerdo entre visiones e intereses locales y nacionales, lo cual ha tenido una visibilidad mayor a raíz de la detención (y posterior liberación) de personas relacionadas con el líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, apodado El Marro.

Desde septiembre de 1991 Guanajuato ha sido gobernado de manera ininterrumpida por panistas. Inició el desfile Carlos Medina Plascencia, gracias a un acuerdo del Partido Acción Nacional con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que desplazó a quien había sido declarado oficialmente como ganador electoral, el delamadridista Ramón Aguirre, quien fue convencido por Los Pinos para que no se presentara a asumir el cargo.

Luego gobernarían Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (unos meses), Miguel Márquez Márquez y el actual, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Guanajuato fue, por lo demás, el único estado donde López Obrador no ganó en 2018.

La descoordinación entre gobiernos y las abiertas acusaciones del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, contra el de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, por el manejo de la detención y consignación de familiares de El Marro, entre ellos su madre, tiene como telón de fondo un inocultable aumento preocupante del número de homicidios y hechos relacionados con el crimen organizado. El fiscal Zamarripa lo ha sido (antes, bajo la designación de procurador) durante 11 años y el Congreso local, dominado por el PAN, lo habilitó para que siga hasta 2028. El secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, lleva ocho años en el puesto.

Baja California puso fin a casi 30 años de gobiernos panistas iniciados con Ernesto Ruffo Appel gracias a otro arreglo entre Acción Nacional con Salinas de Gortari en 1989. El cambio no resultó mejor con Morena, pues Jaime Bonilla Valdez resultó un enfático productor de torpezas. El resultado electoral de lo que hoy se vive en Guanajuato se verá el año próximo en cargos legislativos federales y estatales y en presidencias municipales. ¡Hasta mañana!

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