La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó que se revise la indemnización otorgada a los familiares de una de las víctimas del incendio de la guardería ABC, quienes demandan una compensación de alrededor de 10 millones de pesos.

Los ministros de la primera 'sSala señalaron, por mayoría de cuatro votos contra uno, que en este caso existieron violaciones graves a los derechos humanos de los afectados por parte de autoridades federales, por lo cual procede una reparación integral por el daño causado.

La guardería ABC se incendió el 5 de junio de 2009, provocando la muerte de 49 niños. Las investigaciones revelaron que el inmueble había sido subrogado por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien ocupaba la Presidencia de la República en esa época.

En el caso resuelto por la SCJN, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya había autorizado una primera indemnización, sin embargo, los familiares consideraron que era insuficiente pues no contemplaba una compensación por la afectación sicológica que sufrió el hermano de la víctima directa, también menor de edad, y demandaron además cubrir el pago de las costas judiciales y de transporte que erogaron para litigar el caso.

Los ministros señalaron que la resolución de la CEAV fue poco clara y, además, omisa en determinar la procedencia o improcedencia de algunas de las medidas complementarias que componen la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, esto en términos de la Ley General de Víctimas.

En la sentencia aprobada, elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se advierte que la autoridad judicial sí está facultada para revisar una indemnización otorgada por la CEAV, si es que la encuentra insuficiente: los órganos del Poder Judicial de la Federación, efectivamente, están facultados para la recuantificación de los montos indemnizatorios, previa y erróneamente calculados por las autoridades competentes para ello.

Sobre este asunto, la CEAV adelantó desde mayo pasado que acataría la sentencia de la SCJN, pero pidió que se comprenda que su presupuesto es limitado y no puede aplicar los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en litigios parecidos otorga compensaciones millonarias.

Este caso fue uno de los varios que venía arrastrando la CEAV desde la administración pasada, y cuya acumulación originó la falta de recursos denunciada por Mara Gómez, antes de renunciar a presidir esta comisión.