La gestión adecuada de archivos en México es fundamental, pues si dicha tarea no se realiza de manera efectiva, el país está ante el riesgo de que se pierda información relevante sobre temas como el manejo gubernamental de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, señalaron las participantes en un conversatorio sobre el tema.

Durante el Congreso Virtual Internacional Apertura gubernamental y privacidad, organizado ayer por el Instituto de Transparencia del estado de Jalisco, la investigadora universitaria Issa Luna Plá subrayó que, sin archivos, no hay acceso a la información pública, por lo que es urgente acelerar el proceso de armonización de las leyes estatales con la ley general en la materia.

Enfatizó que muchos archivos están abandonados, no tienen director o simplemente no cuentan con recursos suficientes, por lo que en temas anticorrupción podríamos enfrentarnos al peor de los escenarios, pues jamás sabríamos cuánto se ha gastado en la compra de insumos para combatir al Covid-19, por ejemplo.

Tras lamentar que esta situación hace que muchos acervos del país guarden misterios en vez de información, la especialista alertó que si no se invierte en el fortalecimiento de los archivos del país, el retraso de una década que hoy se calcula que existe en ese terreno podría incluso duplicarse. Se estaría generando una marea de desaseo archivístico que preocupa mucho en los años por venir.

Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, indicó que uno de los mayores desafíos en este terreno es el rezago de buena parte de los estados en la armonización de sus leyes de archivos, pues hoy sólo siete entidades han concluido ese proceso, en una docena más hay avances parciales, mientras en otras 10 no se tiene información al respecto.

Advirtió que la principal amenaza de no tener un adecuado manejo de archivos es que se pierda información valiosa y, por tanto, no podamos exigir derechos ni responsabilidades, además de que sería más difícil detectar corrupción en áreas susceptibles a ello, como las contrataciones con recursos públicos, entre ellas las relacionadas con la emergencia sanitaria.