A más de un año de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), en marzo de 2019, una de cada cinco comisiones estatales se encuentra en falta, ya sea en su operación general o en la designación de los máximos funcionarios responsables.

La inconsistencia de las estructuras locales, en demora por diversos motivos, afecta al proyecto nacional para atender esta problemática que significaba, al inicio del año en curso, un registro con más de 61 mil personas desaparecidas y más de 37 mil cadáveres sin identificar.

La Secretaría de Gobernación (SG) dará a conocer –y hará público– el miércoles la actualización del registro, según el compromiso emitido durante la sesión ordinaria del SNBP, en la semana que concluye.

De manera preliminar se indicó que la base general está integrada por 96 mil 596 registros integrados y actualizados; esta cifra –se recalcó– no significa el nuevo número de personas desaparecidas, sino los datos disponibles por distintas vías.

Ahí se incluyen 2 mil 241 reportes al registro abierto, puesto a disposición de la ciudadanía en noviembre pasado, 15 mil 2 capturadas a través del sistema único y 79 mil 273 en la fuente clasificada como carga masiva. Adicionalmente, se cruzan datos de estas bases con el servidor del registro civil y de las comisiones locales para verificar la identidad de las personas.

En su informe, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas puntualizó la situación de las comisiones locales: 25 cuentan con titular, la de Campeche sólo tiene delegados; en Veracruz hay encargada de despacho y la de Durango está acéfala.

Hasta la semana pasada cuatro no tenían titular: Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán y Guanajuato, aunque en esta última se dijo, días después de la sesión, que ya habían nombrado al responsable.

En el encuentro, realizado por videoconferencia, se analizaron también los pasos dados hacia la construcción del mecanismo extraordinario forense, pensado para sugerir y atender los graves rezagos en la materia. Apenas se definieron los perfiles deseables de quienes integrarán dicha estructura especializada.

Grace Fernández, integrante del consejo ciudadano del SNBP, dijo ante estos rezagos: Lamentablemente, esos cuerpos no tienen cinco meses, un año, dos años, sino muchos años..., por lo cual pidió que todas las instituciones del Estado tengan una verdadera voluntad política.

Lamentó que cada día se suman a los centros forenses más cadáveres no identificados y, mientras no se conjunten esfuerzos, no funcionarán las herramientas existentes ni las que están en proceso de operación.

Subrayó que las distintas instituciones, sobre todo las fiscalías y comisiones locales, tienen una responsabilidad moral con las personas desaparecidas y sus familias.

Por otra parte, Gobernación llevará a una próxima sesión del SNBP, para su aprobación, el proyecto de protocolo nacional de búsqueda, tras la recopilación de opiniones de especialistas y familiares de víctimas en torno a este documento, cuya premisa es buscar a cualquier persona no localizada, no únicamente a las víctimas de los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares.

Es decir, las instituciones tienen la obligación de buscar a las personas reportadas, quienes tienen el derecho humano a ello, así como a ser objeto de investigaciones profesionales para aclarar el paradero.