Un diputado local perredista en Baja California propuso que en el Código Penal de esa entidad se derogue el delito de tortura, con el argumento de que la tipificación de ese crimen es una facultad exclusiva de los legisladores federales, pero con el objetivo real de ayudar al registro como candidato a la alcaldía de Tijuana del ex militar Julián Leyzaola, quien tiene diversas acusaciones por tortura y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con fuentes cercanas al tema –las cuales solicitaron el anonimato por temor a represalias–, el diputado Gerardo López Montes, presidente de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez del Congreso local, presentó el 29 de junio una iniciativa que pretende reformar o derogar diversos artículos del Código Penal estatal.

En dicho proyecto –cuya copia tiene este diario–, el legislador propuso eliminar el delito de tortura, el cual hoy figura sólo como agregado al de abuso de autoridad en las leyes de Baja California, argumentando que la facultad de definir los tipos penales en materia de tortura y otros tratos crueles e inhumanos es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

López Montes también señala que de esta forma se estaría obedeciendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual recibió en 2018 una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual este organismo indicó que la tipificación de ese delito en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura es una prerrogativa del Congreso federal.

Sin embargo, apuntaron las fuentes consultadas, lo que el diputado perredista no menciona es que la mencionada acción de inconstitucionalidad únicamente se refería a la ley general en la materia, no a las normas estatales.

Al querer eliminar esa mención lo que quieren es que se desvanezcan las dos consignaciones que ya existen contra Julián Leyzaola por tortura. Si desaparece esa falta del Código Penal, ya no habría delito qué perseguir en el ámbito local. De esa forma, Leyzaola podría postularse como alcalde para Tijuana por el PAN y el PRD, que buscan regresar al gobierno de esa ciudad y conservar su registro como partido, indicaron.

Al conocer la iniciativa de López Montes, la CNDH subrayó en un comunicado el pasado viernes que todos los estados están obligados a prohibir y sancionar la tortura, por lo que las normas que cumplan con dicha tarea deben ser inderogables e imprescriptibles.