l 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dictó una ley federal en materia de salud cerrando las fronteras a los migrantes buscadores de asilo, sosteniendo que una grave enfermedad contagiosa llegaba del exterior. La ley ha dado lugar a violentas críticas, del interior y de fuera de EU. Todo indica que esa política, además de que es contraria a leyes federales estadunidenses, termina revirtiéndose contra el mismo país, ya que un aumento de la enfermedad en el mundo, con sus consecuencias económicas, incrementará tarde o temprano la presión de migrantes para entrar en EU.

Además de que es inefectiva esa política, resulta profundamente inmoral. ¿Expulsar prácticamente con exclusividad a contagiados de Covid-19, como hace ahora EU, tiene algún soporte en valores o es el resultado de un pragmatismo alejado de cualquier principio? El grueso de las deportaciones se concentra en destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Haití, República Dominicana, Colombia y Jamaica. El gobierno de Guatemala ha dicho recientemente que Estados Unidos se ha convertido en el Wuhan de las Américas. Los jóvenes no acompañados se han convertido en el primer objetivo de esta política ultragresiva en materia de migración. Por lo demás, no debe olvidarse que Trump piensa aplicar indefinidamente estas restricciones y este estilo en materia migratoria.

Desde luego, tanto Naciones Unidas (la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) como multitud de organizaciones no gubernamentales, Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, exigieron al gobierno de EU detener los regresos forzados de quienes han buscado refugio a sus puertas.

Pero hay otra circunstancia que tiende a favorecer a la población mexicana que trabaja en EU. El mismo The New Yok Times, en su edición del 18 de mayo pasado, y a pesar de las difíciles circuns­tancias para todos, nos dice que las tra­dicionales remesas de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, legales o no, han aumentado de manera extraordinaria, alrededor de 36 por ciento respecto del año anterior, contra la opinión de la gran mayoría de los expertos de aquí y allá. Muchos trabajadores mexicanos en EU son considerados esenciales para la economía y la sociedad estadunidense, y siguen laborando la mayoría sin interrupciones importantes. En la industria del empaquetado de carnes, por ejemplo, se estima que 80 por ciento de los trabajadores son inmigrantes indocumentados o refugiados y en 22 por ciento en la industria alimentaria son inmigrantes. De acuerdo con algunas encuestas, sabemos que 69 por ciento de los inmigrantes son responsables de mantener económicamente al menos a dos personas en sus comunidades de origen.

Diríamos que el próximo viaje a Wa­shington del presidente Andrés Manuel López Obrador resulta una oportunidad magnífica para expresar una vez más a la parte estadunidense la importancia de esa mano de obra en ese país y la necesidad de lograr acuerdos con el jefe de la Casa Blanca para que se dicten medidas favorables a esa cantidad de trabajadores y para asegurarles sus ingresos. En algunos periódicos de EU se dice, por ejemplo, que debe negociarse la inmediata regularización de inmigrantes indocumentados esenciales que hoy mantienen a la población estadunidense alimentada y a su economía en pie. Además, por ejemplo, un programa de visas temporales de emergencia que permita que los inmigrantes coticen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También la ONU, a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, exigió a Washington suspender los regresos forzados que estaba aplicando, por la multitud de riesgos para la salud tanto en el país expulsor como para el receptor. No se obtuvo resultado. Por lo demás, un buen número de agrupaciones como HRW, le exigió igualmente suspender esa política violatoria de los derechos humanos generales y las leyes de EU. Tampoco estas instancias obtuvieron resultado positivo, que en el caso de Trump parece ser lo habitual.

Junio de 2019 estuvo lleno de tensiones diplomáticas entre México y EU, debido a las exigencias de la administración Trump para obligar al gobierno de López Obrador a tomar medidas que frenaran la migración no regulada. En un principio, Trump amenazó con subir la carga arancelaria a los productos mexicanos, pero tras más de una de semana de reuniones en Washington, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, logró un acuerdo que evitó esas alzas en los impuestos. Los acuerdos firmados entre México y EU mantienen a miles de inmigrantes en las ciudades fronterizas esperando que sus casos sean resueltos por tribunales estadunidenses.

Por otro lado, se estableció un acuerdo bilateral por el cual México se compromete a registrar y controlar las entradas en la frontera, así como a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur. ¿Cuál es el número de integrantes de la Guardia Nacional destinados a esta vigilancia prácticamente para EU?, mientras en México continúan actuando, a otro nivel, las bandas de narcotraficantes mejor organizadas? ¿O debería ser éste, el migratorio, otro de los puntos a negociar en la próxima visita de López Obrador a Washington?