Un elemento central para la consolidación de las democracias en América Latina es el ejercicio del derecho de acceso a la información, coincidieron el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el ex relator de la Organización de Naciones Unidas en esta materia, Frank La Rue.

Indicaron que los órganos garantes de ese derecho deben ser independientes y autónomos, además de contar con el necesario presupuesto para ejercer su labor, y si su instancia de dirección es colegiada, es mucho más efectivo.

Los expertos participaron en una mesa de diálogo virtual sobre el acceso a la información pública y protección de datos, en la que señalaron que ambos temas forman parte de la garantía universal a la libre expresión.

En tanto, especialistas destacaron que en países como México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, los periodistas han visto acotada su libertad de expresión y el poder tener información pública durante la pandemia de Covid-19.

Durante el conversatorio digital, Defender derechos en tiempos de Covid-19, Samantha Páez, del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación en México, expuso que las agresiones y denostaciones hacia los periodistas son en muchos casos originadas desde los mismos gobiernos.

Indicó que en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado ataques a los periodistas que hacen preguntas incómodas.

Carlos Ernesto Choc, integrante de Prensa Comunitaria de Guatemala, mencionó que el gobierno que encabeza Alejandro Giammattei, se caracteriza por cerrar los espacios de interlocución con la prensa y las agresiones han ido en aumento en el contexto de la pandemia.

La Rue subrayó que la transparencia es relevante en todo momento, pero en el contexto actual de contingencia sanitaria resulta aún más, porque cada decisión que tome cualquier funcionario público puede tener una consecuencia significativa para la vida de los ciudadanos, enfatizó.

Edison Lanza expuso que tras 200 años de secretismo en la región, las leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales resultan insuficientes, pues para que la ciudadanía ejerza esos derechos se requiere voluntad política de los actores gubernamentales, un órgano garante independiente y autónomo, y de adecuadas políticas de implementación de las normas.