n una interesante intervención, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, expuso la situación fiscal de la hacienda pública mexicana en una reunión con Canacintra. Su idea central es que el gobierno federal no tiene ningún margen de maniobra. Para el gobierno, si se aprobaran estímulos fiscales, tendrían que financiarse con deuda, lo que aumentaría el pago de intereses en 2021. Consecuentemente, ante ingresos fijos, habría que reducir proyectos sociales por el monto en que se incrementó el pago de intereses. El punto crucial es que no pueden aumentar los ingresos tributarios.
En su presentación el primer dato ofrecido resulta elocuente: en 2019, los ingresos tributarios representaron 13 por ciento del producto interno bruto (PIB), menor al 15.3 que se recauda en América Latina. Herrera señaló que nuestros ingresos tributarios son menores incluso que los de Nicaragua. Sumando los otros ingresos fiscales, el total de ingresos públicos llega a 16.2 por ciento del PIB. De nuevo menor al dato latinoamericano de 18.5. Frente a esta situación su enfoque es que cualquier estímulo fiscal a la planta productiva del país tendría que valorarse contrastando el costo del endeudamiento público adicional necesario para financiarlo.
De modo que para Herrera no existe la posibilidad de incrementar los ingresos tributarios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha valorado que la evasión fiscal en la región equivale a 6 por ciento del PIB regional. Hay aquí una fuente de ingresos públicos que no es menor. Pero lo central es aumentar la carga tributaria. Un grupo de ricos globales ha planteado públicamente que es conveniente y necesario aumentar la carga fiscal a los altos ingresos. Es bien conocido que las tasas impositivas mexicanas están muy por debajo de las internacionales y, particularmente, de las españolas, canadienses y estadunidenses. De modo que sí hay margen de maniobra.
Herrera reconoció que el fondeo de recursos que México contrata es caro: alrededor de 6 por ciento, lo que es 20 veces más caro que lo que Canadá paga por su deuda pública. Para toda la región, el pago de intereses aumentó ligeramente en 2019 representando 2.6 por ciento del PIB. En nuestro caso el dato es también de 2.6 del PIB, aumentando desde 2.3 por ciento en 2017. Si en nuestro país el estímulo para aliviar problemas de la planta productiva nacional fuera de 5 billones de pesos, como señaló Herrera, y se tomara deuda por esa cantidad, a esa tasa habría que pagar 300 mil millones de pesos anuales, equivalente al costo de los programas sociales de este gobierno.
La conclusión de Herrera es que el gobierno mexicano no puede comprometerse con ningún estímulo, porque eso significaría cancelar todos los proyectos sociales que ha instrumentado el gobierno de AMLO. No hay margen, según Herrera, ya que no podemos financiarnos a tasas competitivas. Esto es un dato incontrovertible. Lo que es discutible es que no sea posible aumentar los ingresos fiscales. Por tanto, comprometerse con estímulos para proteger la planta productiva y el empleo obliga a que el Estado mexicano reconozca que la contribución fiscal que se paga actualmente es absolutamente insuficiente ante las necesidades que plantea la crisis que estamos viviendo.
Herrera añadió que hay información que apunta a que ha empezado la recuperación. En la construcción se crearon casi 125 mil empleos, cuando como resultado de la Gran Reclusión se perdieron 250 mil. El dato es interesante, pero no prueba que la recuperación de la actividad económica esté efectivamente en curso. La contracción seguirá indefectiblemente, ya que es claro que muchas actividades han empezado a operar, pero muy lejos de sus condiciones normales.
De modo que la necesidad de que el gobierno instrumente acciones para estimular la demanda sigue planteada. No es cierto que las dificultades se hayan superado. Contrariamente, lo que hace falta para regresar a las condiciones en que estábamos, que no eran de ninguna manera deseables, está aumentando. En consecuencia, siguen siendo necesarias acciones del gobierno federal. Para ello es indispensable replantear principios que no corresponden con las dificultades que se viven.
Comprometerse a no realizar ninguna reforma tributaria pudiera haber sido pertinente como propuesta en 2018, en tiempos de campaña, pero no puede seguir sosteniéndose este 2020, cuando se han afectado gravemente las condiciones de vida de una parte significativa de la población. Las necesidades han aumentado sensiblemente, obligando a que se refuercen las acciones gubernamentales.
