Tras concretarse la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hubo reacciones en el Congreso, donde legisladores de los opositores partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que es inconstitucional que la Marina y el Ejército tengan el control aduanero del país y no está entre las atribuciones señaladas en la Constitución para las fuerzas armadas.

Diputados de la Comisión de Marina señalaron que la dimisión del funcionario no sólo se debe a la militarización de los puertos que pretende Andrés Manuel López Obrador, sino también a que se prevé la desaparición de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la que dependen las direcciones de Marina Mercante, Puertos y de Fomento y Administración Portuaria, así como las escuelas náuticas mercantes de Veracruz, Mazatlán y Tampico y el Centro de Educación Náutica de Campeche.

La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna (Morena), aseguró no obstante que López Obrador es un convencido de que es necesario que las fuerzas armadas asuman el control de los puertos para combatir la corrupción y el tráfico de drogas, es un tema urgente para el país.

En el Senado, José Narro, de Morena, pidió al Presidente que revalore la decisión, porque en las aduanas del país se requiere funcionarios con experiencia en materia de aranceles y aduanera, y hay personal apto y honesto en el servicio civil de carrera. Coincidió con la oposición en que las aduanas no pueden ser administradas por la Marina. Lamentó la salida de Jiménez Espriú, pues es gran profesional, muy honesto y vertical, que venía soportando fuertes presiones de constructoras, en lo que coincidieron diputados y senadores de oposición.

En San Lázaro, Martha Tagle (MC), secretaria de la Comisión de Gobernación, que discutía la reforma a las leyes de la navegación –parte de las diferencias entre el Presidente y el secretario dimitente–, recordó que en diciembre funcionarios de la Marina cabildearon la aprobación de la iniciativa, donde se buscaba más poder económico y despliegue militar a la Marina. Es lamentable que en los hechos y al margen de la ley lo consigan.

Jorge Álvarez, secretario general de MC, manifestó el rechazo de su partido a la militarización de instituciones de carácter civil, mientras Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional del PRD, resaltó que la renuncia es una muestra más de que el gobierno federal inició con un proyecto y a la mitad del camino lo está cambiando.