La puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a partir de octubre, preocupa a las viejas centrales sindicales como la CTM, ya que partir de ese momento, el nuevo organismo deberá verificar la representatividad real de los dirigentes, tanto para su elección como para la firma de contratos colectivos de trabajo.

El viernes, durante la comparecencia ante senadores de los integrantes de la terna propuesta por el Presidente de la república para elegir al titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el legislador del PRI y dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, consideró que fijar como plazo el mes de octubre para que arranque la nueva institución es muy atrevido.

Argumentó que la actividad obrero-patronal podría no tener los elementos de capacitación, humanos o de infraestructura para manejarlo. El cetemista, quien además preside el Congreso del Trabajo sostuvo que es necesario darle certidumbre a quienes trabajan en las Juntas federales y locales de Conciliación para que se pueda aterrizar adecuadamente.

En contraparte, los senadores de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres y José Narro, recordaron que ese centro es parte del esfuerzo por democratizar la vida sindical, incluido en la reforma constitucional en materia laboral de febrero de 2017 y en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, de mayo del año pasado, y forma también parte del Acuerdo de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

No más juicios de 29 años

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que ese centro jugará un papel toral, ya que debe corregir “los vicios, presiones y cabildeos de patrones y algunas organizaciones obreras en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para imponer dirigentes y contratos de protección.

Expuso que es fundamental la elección de quien dirigirá ese centro, porque se requiere que sea totalmente imparcial, ágil y expedito en la aplicación de la ley y la justicia laboral.

Por la democracia sindical

La JFCyA tiene acumulados y rezagados alrededor de 500 mil juicios, por ineficacia y por corrupción muchas veces, ya que tardan para resolverlos cuatro, cinco o más años. Conozco de dos casos que llevan 27 y 29 años y, por supuesto, los trabajadores son ya muy ancianos o han muerto, sin que se les haga justicia. Es una vergüenza este retraso y es lo primero que debe corregir el nuevo organismo, recalcó el también dirigente del sindicato minero.

Igualmente, el senador Martí Batres, quien recién se incorporó a la Comisión de Trabajo, agregó que quien encabece ese centro tendrá la enorme responsabilidad en la búsqueda de la democracia sindical que tanto falta en el país, ya que hoy se vive en el mundo de la simulación, donde predominan los contratos de protección que perjudican por igual a patrones y trabajadores que carecen de una representación efectiva.