Como parte del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, el próximo miércoles 29 de julio el Senado discutirá el dictamen de la ley general de salud mental que ha sido repudiada por diversas organizaciones civiles y personas con discapacidad sicoemocional, por considerar que se trata de un proyecto discriminatorio y retrógrado que únicamente oficializa algunas de las malas prácticas en este terreno que existen en la actualidad.

La iniciativa de la ley general de salud mental corresponde a la legisladora Geovanna Bañuelos. Fue presentada el 29 de noviembre del año pasado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado. El texto fue turnado a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, las cuales aprobaron el dictamen el 24 de marzo de 2020, ante la inconformidad de colectivos civiles que pidieron que dicho proyecto no avanzara.

El pasado 26 de junio, el equipo de asesores de la senadora Bañuelos se reunió con colectivos para escuchar sus críticas, y aunque no aceptó desistirse del proyecto, acordó modificarla para tomar en cuenta las observaciones.

Pese a ello, el 17 de julio la Junta de Coordinación Política del Senado incluyó la propuesta en el periodo extraordinario y avaló llevarlo al pleno. La presión de varios colectivos llevó a Bañuelos a que los días 23 y 24 de julio presentara modificaciones al dictamen, afirmando que ya incluía observaciones de organizaciones civiles como Documenta, la cual negó haber sido consultada ni haber respaldado el texto.

Óptica paternalista

De acuerdo con Carlos Ríos, investigador de Human Rights Watch en temas de discapacidad, la propuesta de la senadora petista es prácticamente igual a una que se presentó en 2017 en la Cámara de Diputados, y que desde entonces fue rechazada por grupos especializados en el tema por considerar que sólo oficializa una óptica paternalista que considera a las personas con conflictos sicoemocionales como objetos y no como sujetos con derechos.

Por su parte, Ilse Gutiérrez, integrante de los grupos civiles SinColectivo y Orgullo Loco México, alertó que entre los puntos más preocupantes de la iniciativa está el hecho de que permite la internación de las personas que un siquiatra considere que necesitan ser atendidas –incluso en contra de su voluntad– y promueve la canalización de menores de edad al sistema de hospitales siquiátricos, en vez de buscar otras vías de tratamiento.

De igual forma, criminaliza a los usuarios de sustancias sicoactivas, y establece que la única persona que puede determinar el alta de un paciente es el siquiatra a cargo, quien incluso puede ordenar la realización de cirugías u otros tratamientos que pueden resultar irreversibles, sin dejarle ningún margen de intervención a las personas internadas.

Tratamientos forzosos

En opinión de Víctor Lizama, coordinador del equipo de consultores de la organización civil Documenta, la propuesta de ley sólo hará oficial diversas prácticas negativas que ya existen hoy, como la limitación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sicoemocional, los tratamientos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.

Junto con Gabriela Aragón, integrante de SinColectivo, Lizama enfatizó que se trata de una ­normativa discriminatoria que no debió ­haberse presentado ante la Cámara de Senadores, y menos como parte de un periodo extraordinario, por lo que descartó que una iniciativa así se pueda modificar y decir refórmenla para que nos afecten menos.