pesar de todas los chicanas de la defensa –entre ellas retrasar el proceso judicial por la enfermedad de su cliente–, la cloaca está por destaparse. Cierto es que, para salvar el pellejo y el de su familia, Emilio Lozoya Austin solicita beneficios legales (como el criterio de oportunidad, que es lo que afanosamente buscan sus abogados) para hablar con la verdad y denunciar, con nombres y apellidos, a sus cómplices en el saqueo de Petróleos Mexicanos y negocios paralelos, como en el caso de Odebrecht.

Once días después de su regreso a México, tras ser extraditado de España, Lozoya afirmó que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado durante la investigación por los cargos de corrupción en su contra, y dijo que en su momento denunciará y señalará a los autores de las presiones en su contra. De cualquier forma, reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado para aclarar los hechos de los que se le acusa ( La Jornada, Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y César Arellano).

De cereza, sus abogados sostuvieron que el ex director de Pemex fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social. De acuerdo con esa versión, Lozoya sería un pobre mandilón que hizo ultramillonarios a sus otrora amigos, porque él es inocente. Eso sí, dijo su defensa, denunciará los hechos cometidos señalando claramente a las personas responsables y los actos que propiciaban. Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR (ídem).

Muy lejos está aquel orondo Emilio Lozoya Austin que en octubre de 2017 presumía estar muy tranquilo y sin preocupación por cuestiones judiciales, al tiempo que se ufanaba de tener los recursos y el tiempo para romperles la madre a sus acusadores (Bertha Becerra y Alejandro Suárez, El Sol de México). Ello, porque sabía que su impunidad estaba garantizada por la Procuraduría General de la República (con EPN, cuatro titulares actuaron en tal sentido), que le tapó, congeló y/o desapareció todos los delitos, comenzando por los sobornos de Odebrecht y su relación con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Pero los tiempos cambiaron y ahora no podrá romperles la madre, porque en primera instancia la Fiscalía General de la República solicitó al juez de la causa que el ex director de Pemex sea vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual habría cometido al autorizar la compra irregular de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (cuya cabeza visible, Alonso Ancira, permanece enchiquerado en España), operación calificada de fraude.

Por lo anterior, Lozoya penosamente está obligado a renovar su oronda frase de 2017 y acoplarla a la realidad que vive, de tal suerte que ahora tal expresión debería ser más o menos así: Tengo recursos y tiempo para (intentar) que no me rompan la madre. Y sí, resulta abultado su inventario de cómplices e ilícitos a denunciar y reconocer para salvar el pellejo, y gruesa la chequera (alimentada con recursos ilícitos) con la que paga los voluminosos honorarios de Baltasar Garzón y su séquito de abogados.

En fin, esto apenas comienza y en lista de espera hay un cúmulo de delitos, y tarde que temprano aparecerá el generoso maiceo a diputados y senadores. Se va a poner bueno.

Las rebanadas del pastel

¿Dónde quedó la obligada conciliación que debe procurar la Secretaría del Trabajo en casos como el de Notimex? Parece que en el armario del olvido, adonde convenientemente la encerró el papá de la niña (conocido como El Padrino del mundo laboral) para mantener la fiesta del conflicto de interés. Por cierto, ¿qué hacía el abogado de Francisco Hernández Juárez –otra joya del sindicalismo mexicano– en la mesa de negociaciones entre la agencia informativa y su sindicato? Bueno, parece que fue una imposición de la mismísima institución del Estado que debe ser imparcial.

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