e tiempo atrás los nombres de los involucrados en el enjuague están más que cantados, pero Emilio Lozoya y su defensa siguen con el juego de que en su momento los darán a conocer ante la autoridad judicial, aunque en los hechos son largas y más largas, en medio de la reiterada versión de sus abogados de que el ex director de Petróleos Mexicanos es inocente.

Ayer, ante el juez Juan Carlos Ramírez Benítez –quien lleva la causa penal 261/2019–, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Lozoya recibió 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para que los asesorara, relacionara con empresarios y políticos mexicanos, y beneficiara con la adjudicación de contratos de obra pública. Además, el indiciado su madre, esposa y hermana tuvieron participación en las transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los recursos pagados por Odebrecht, y parte de ese dinero fue utilizado para adquirir una residencia en Ixtapa Zihuatanejo ( La Jornada, Gustavo Castillo, Eduardo Murillo y César Arellano).

Existen pruebas, subrayó la FGR, para vincular a proceso a Lozoya, entre ellas, las denuncias formuladas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales se señala que la empresa brasileña se declaró culpable en una corte en Nueva York, Estados Unidos, de pagar sobornos, entre ellos 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano, de tal suerte que el ex director de la ahora empresa productiva del Estado violó los códigos de ética de los servidores públicos, porque no actuó con la probidad ni confidencialidad requerida, y muestra de ello fue no haber cumplido con los requisitos de licitación pública para la realización de trabajos en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y haber adjudicado de manera directa una obra de más de mil millones de pesos (ídem).

La FGR se refiere a las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, otrora representante de Odebrecht en México, quien reconoció al presidente de Pemex como la persona que recibía los sobornos, y que el beneficiario de las cuentas a las que se transfirieron los recursos fue Emilio Lozoya”.

Tales declaraciones fueron publicadas por el diario brasileño O’Globo y retomadas por La Jornada (14 de agosto de 2017, https://www.jornada.com.mx/2017/08/14/politica/004n1pol). Por aquellos ayeres, la procuradora general de la República era Arely Gómez, quien dos meses después dejó el cargo. Su relevo fue Raúl Cervantes Andrade, a quien suplió, como encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, y ninguno de los tres (tampoco Jesús Murillo Karam, el primero en ocupar el puesto en el gobierno de Peña Nieto) movió un dedo para investigar los sobornos de Odebrecht, a quiénes los recibieron y a dónde fueron a parar.

En aquella ocasión, el empresario brasileño declaró al citado rotativo que la constructora brasileña pagó 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin; a cambio, Odebrecht ganó una licitación de 115 millones de dólares para realizar las obras en una refinería en Tula, Hidalgo.A principios de 2012 (detalló De Meneses Weyll a fiscales brasileños, en un testimonio emitido el 16 de diciembre de 2016) constaté que Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales.

De acuerdo con O‘Globo, ya en 2011 el propio Lozoya aconsejó a Odebrecht que se asociara con la empresa Construcciones Industriales Tapia, para que, juntas, participaran en la licitación para construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo (la que anunció Felipe Calderón en 2008). En 2013, “la asociación Odebrecht-Tapia ganó la licitación (…) y los pagos para Lozoya comenzaron inmediatamente. Al asumir la Presidencia, Peña Nieto decidió no construir la refinería, pero ya como director de Pemex, Lozoya se encargó de favorecer a la dupla de empresas en una nueva licitación destinada a modernizar y ampliar la refinería Miguel Hidalgo, también ubicada en Tula”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿inocente? Sólo Pepe El Toro.

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