Frente a un incremento de 45.8 por ciento en las llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres al número de emergencia 911 durante el primer semestre del año –que incluye el confinamiento por Covid-19–, en comparación con el mismo periodo de 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró inadmisible que a la mujer se le recriminalice al enfrentar procesos penales por abortar, y aseguró que tienen derecho a vivir libres de violencia.

También advirtió que aún prevalecen códigos civiles estatales que son verdaderamente discriminatorios, al poner como ejemplo que en el caso de menores en situación de orfandad por feminicidio la patria potestad se otorga, en primera instancia, a los abuelos paternos, aunque el padre sea el victimario. Ante eso, Gobernación revisa ya todos los resabios normativos.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria anunció la puesta en marcha de un grupo intersecretarial para impulsar la estrategia de protección integral a la mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven violencia; allí, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que antes nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora, y reiteró que no es machista.

Sánchez Cordero expresó su apoyo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para despenalizar el aborto en Veracruz –el cual fue rechazado horas después por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, e invitó a todas la mujeres a hacer valer sus derechos y alzar la voz cuando lo necesiten.

En este sistema muchas veces violento, patriarcal y machista en el que vivimos, y que es una cuestión ancestral, resaltó que este semestre hubo 600 mil llamadas de mujeres al 911.

Detalló que el Instituto Nacional de Desarrollo Social cuenta con un presupuesto de 554 millones de pesos para esquemas de apoyo como los centros de refugio y el programa de las instancias de mujeres en las entidades federativas, en los cuales se ha brindado atención, de enero a junio, a cerca de 100 mil personas.

Por medio de los 48 Centros de Justicia de las Mujeres se atendió a otras 97 mil, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres está ejerciendo un aproximado de 240 millones de pesos.

La funcionaria también destacó que se obtuvieron 16.5 millones de pesos para las 35 unidades de la Casa de las Mujeres Indígenas, en tanto el Instituto Nacional de las Mujeres aplicó el programa Mujeres Constructoras de Paz.

Se agregó el protocolo nacional de protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidios y se informó que del 1º de abril al 12 de julio las procuradurías estatales conocieron de 9 mil 571 casos de menores víctimas de violencia y están abiertas 2 mil 568 carpetas de investigación.

Sánchez Cordero también incluyó, como parte de los apoyos, becas educativas para 2 mil 730 menores víctimas de delitos de alto impacto y violaciones graves de derechos humanos.