l presidente Donald Trump lanzó en su cuenta de Twitter la pregunta de si las elecciones del próximo 10 de noviembre deberían postergarse hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura, en referencia al contexto de la pandemia de Covid-19. Basó la sugerencia en su insistente denuncia, carente de cualquier fundamento empírico, acerca de que la generalización del voto por correo –un procedimiento habitual en los comicios estadunidenses– daría lugar a la más inexacta y fraudulenta elección de la historia.

Este giro de 180 grados en la postura de Trump ante el coronavirus, que pasa de minimizarlo y abogar por la reapertura total de actividades, a considerarlo tan grave como para postergar los comicios, se da días después deque las encuestas reflejaran el descalabrode su campaña de relección. El retroceso del magnate en los sondeos frente a su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, encendió señales de alarma en la Casa Blanca al conocerse que no sólo ha perdido terreno en los llamados estados bisagra (que pueden cambiar el sentido de su voto de una elección a otra), sino que también se encuentra en picada en feudos republicanos tan importantes como Texas, el cual aporta 15 por ciento de los votos del Colegio Electoral necesarios para alzarse con el triunfo.

En este escenario, la sugerencia del mandatario debe leerse en dos sentidos. En primer lugar, parece un nuevo intento de distraer la atención pública de la catástrofe que ha significado el mal manejo gubernamental de la pandemia, y en particular el errático, cuando no contraproducente, papel del propio Trump. Con 4 millones y medio de contagios, la barrera sicológica de 150 mil muertes rebasada el martes, y, para colmo, un desplome de 33 por ciento en el producto interno bruto –la mayor caída desde la década de los 40– está claro que al magnate le urge girar la mirada del electorado hacia otro lado.

En segunda instancia, al poner el tema en la arena de las redes sociales, Trump busca presionar al Congreso para que le otorgue un invaluable tiempo extra en el cual pueda recuperar la popularidad perdida de cara a las elecciones. En Estados Unidos, la fecha de los comicios presidenciales no es una deci-sión administrativa, sino que se encuentra fijada constitucionalmente en el martes siguiente al primer lunes de noviembre de cada cuatro años, por lo que únicamente el Legislativo puede tramitar un aplazamiento, algo que no sucedió ni siquiera durante la Guerra Civil.

Con todo, lo más preocupante es que este intento de alterar la normalidad electoral se dé menos de dos semanas después de que Trump se negó públicamente a comprometerse a acatar el resultado de los comicios si éstos no le son favorables. La suma de estos actos no puede interpretarse sino como un sistemático asalto a la institucionalidad desde la presidencia misma.