En el primer semestre, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó contratación de créditos y pagó amortizaciones por 2 mil 583.2 millones de pesos, lo que situó el monto total de la deuda pública de la entidad en 83 mil 639.5 millones de pesos, lo que significa un desendeudamiento real del 6.5 por ciento con relación al mismo periodo de 2019.

El Informe de avance trimestral enero-junio de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que el programa de colocación para el actual ejercicio fiscal dependerá de los tiempos de ejecución de las obras registradas, así como de las condiciones que se presenten en los mercados financieros.

El gobierno de la ciudad solicitó este año al Congreso federal autorización para un techo de endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos, mil 500 millones menos del que le fue aprobado en 2019, y con las amortizaciones realizadas hasta junio incrementó a más de 6 mil 500 millones su capacidad de contratación de deuda.

A diferencia de administraciones anteriores, que dispersaban los recursos de deuda en hasta más de un centenar de proyectos de dependencias y entidades del gobierno central y las entonces delegaciones, lo que complicaba su aplicación, este año se decidió aplicar el financiamiento a sólo cuatro proyectos: la construcción de las líneas 1 –Cuautepec-Indios Verdes– y 2 –Sierra de Santa Catarina-Constitución de 1917– del Cablebús; la segunda etapa de la línea 5 del Metrobús sobre el Eje 3 Oriente, de San Lázaro a la Preparatoria 1, y el mantenimiento preventivo y correctivo de la carpeta asfáltica, bacheo y mapeo de la red vial primaria.

El informe que la dependencia entregó al Congreso capitalino señala que, al cierre del primer trimestre, la deuda de la ciudad obtuvo la ratificación de nivel de endeudamiento estable por las agencias calificadoras de crédito y tiene un resultado sobresaliente en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Refiere que el perfil de vencimientos es adecuado, comparado con los ingresos de la ciudad, y se tiene como objetivo que en ningún momento genere presiones al presupuesto. Esta estructura de amortizaciones es posible porque en cada contratación de deuda se realizan proyecciones de los costos y se analiza el perfil de vencimientos bajo distintos escenarios, con el fin de evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras.