Nueva York. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dijo ayer que un juez federal anuló correctamente una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional que entró en vigor este año y que negaba la residencia permanente a inmigrantes con documentos que usaran Medicaid, cupones para alimentos y otras formas de asistencia pública.

La corte federal de apelaciones del segundo circuito ratificó un fallo de octubre del juez George B. Daniels, pero permitió su aplicación solamente a Nueva York, Vermont y Connecticut, de conformidad con una decisión de la Suprema Corte que dejó que la regla entrara en vigencia en febrero.

La corte de apelaciones dijo que la regla ya había tenido un efecto desalentador en el uso de asistencia pública por parte de personas que no tienen la ciudadanía estadunidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) ha admitido que la regla resultará muy probablemente en problemas de salud, como obesidad y desnutrición, la propagación de enfermedades infecciosas y mayores tasas de pobreza e inestabilidad en la vivienda, dijo la corte.

Lo menos que se puede decir es que el interés público no favorece la implementación inmediata de la regla, dijo.

La regla ha sido apelada con éxito en cinco demandas nacionales.

La corte del segundo circuito sostuvo que el DHS no dio una explicación razonable para expandir significativamente la noción de lo que constituye una carga pública o de alguien destinado a depender de asistencia social.

De acuerdo con las reglas anteriores, las personas que usaban prestaciones financieras, como cupones para comida y Medicaid, no eran penalizadas.

El panel de tres jueces falló que los estados de Nueva York, Vermont y Connecticut, así como la ciudad de Nueva York, junto con cinco organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios legales y sociales a no ciudadanos, muy probablemente demostrarían que la nueva regla es arbitraria y caprichosa.

En un fallo escrito por el juez Gerard E. Lynch, el panel manifestó que el DHS y el Congreso tienen nociones drásticamente diferentes de lo que significa ser una carga pública.

El Congreso, agregó, aún considera que el término es aplicable a los no ciudadanos que no pueden ganarse la vida y carecen de fondos suficientes para garantizar que la ayuda pública no será necesaria.

El DHS considera que se aplica a cualquiera que probablemente accederá a cualquier cantidad de prestaciones por un número limitado de meses, incluso si las prestaciones tienen un criterio de elegibilidad relativamente generoso dirigido a asistir a aquellos que viven por encima del nivel de pobreza, dijo la corte.

La corte de apelaciones dijo que la definición de carga pública fue bien definida en 1996 para excluir las prestaciones creadas para complementar los esfuerzos de un individuo o una familia para mantenerse a sí mismos, más que para lidiar con una incapacidad permanente de hacerlo.