ras una serie de vicisitudes, los gobiernos de Argentina y Ecuador lograron un acuerdo con sus acreedores externos que restructura mayoritariamente la deuda pública externa. En el caso argentino, el acuerdo reduce el monto de su deuda en 54.8 por ciento y los intereses disminuyen de 7 por ciento a 3 por ciento. En el caso ecuatoriano, los acreedores aceptaron una quita de mil 540 millones de dólares y reducciones de las tasas de 9.2 por ciento promedio en el que estaban a 5.3 por ciento. En ambos casos, el FMI felicitó a los respectivos gobiernos señalando que les coloca en una ruta que permitirá un crecimiento sostenido e incluyente.
Argentina y Ecuador iniciaron el proceso de renegociación declarando su incapacidad para seguir cumpliendo con los compromisos de pago derivados de emisiones de títulos de deuda colocados en el mercado. Ambos países enfrentaban condiciones económicas críticas, explicadas por causas distintas en cada caso, que colocaban a sus respectivos gobiernos en la tesitura de seguir pagando su deuda a costa de reducir sustancialmente el gasto social. Los acreedores, por supuesto en un litigio prolongado que incluyó decisiones de la corte estadunidense, aceptaron que en efecto los respectivos gobiernos no podían seguir honrando su deuda.
El resto de los países de América Latina, sin presentar situaciones críticas tan agudas como las de Argentina y Ecuador, desde antes de la pandemia y, por supuesto, con mayor fuerza dadas las enormes caídas de sus niveles de producción, también enfrentan condiciones presupuestales difíciles que están cuestionando su capacidad para cumplir con los compromisos sociales que sus poblaciones demandan. Grupos económicos diversos, particularmente grupos empresariales, han planteado que para cumplir con esos compromisos es necesario contratar nueva deuda externa Los recursos financieros que se recibieran por este nuevo endeudamiento servirían para ampliar los márgenes de acción de las debilitadas finanzas públicas latinoamericanas.
Sin embargo, este alivio financiero sería momentáneo, ya que en un plazo muy corto elevaría los requerimientos presupuestales que habría que dedicar al pago del servicio de la deuda externa anterior, a lo que habría que sumar los pagos derivados del nuevo endeudamiento. Así que contratar deuda adicional no soluciona. En realidad, habría que hacer justamente lo contrario: como los gobiernos argentino y ecuatoriano, los gobiernos latinoamericanos tendrían que declararse incapaces de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa.
Debieran informar a sus acreedores que la situación provocada por la pandemia, bien conocida por todos los agentes financieros globales, los obliga a destinar prioritariamente recursos presupuestales a la atención de necesidades urgentes de amplios grupos de sus poblaciones. A esto se suma que el precio de algunas materias primas ha caído sustancialmente y que, además, la generalizada volatilidad financiera ha provocado que los tipos de cambio pierdan frente al dólar, con la consecuencia obvia de que su deuda externa ha crecido como proporción del PIB y, con ello, los requerimientos presupuestales para su pago también han aumentado.
Así las cosas, es evidente que la situación presupuestal de nuestros gobiernos impide que el manejo pre-pandemia, en el que se cumplieron puntualmente con los pagos de las deudas externas regionales, se mantenga. Dadas las restricciones presupuestales que se enfrentan, con requerimientos sociales y económicos cuantiosos para apoyar a los más golpeados por el largo confinamiento, hacen falta recursos. Además, es necesario reordenar las prioridades colocando en primer lugar la protección de las condiciones de vida y de trabajo de amplios grupos de la población.
El Fondo Monetario Internacional ha saludado la restructuración de la deuda argentina y ecuatoriana, lo que le obliga a reconocer que el endeudamiento de esos países con el propio fondo tendrá que restructurarse en condiciones similares a las acordadas con los acreedores privados. Además, el FMI debiera impulsar que los tenedores de títulos de deuda pública de países emergentes acepten que, dadas las enormes dificultades que estamos viviendo, es absolutamente necesario reconocer que debe haber quitas de capital significativas, que permitan aliviar las dificultades financieras de los respectivos gobiernos.
Corresponde, por supuesto, la responsabilidad fundamental a los gobiernos de los países emergentes, particularmente a los latinoamericanos, de abrir una negociación de esta naturaleza. Negociación que, por supuesto, será complicada y que demandará capacidad de concertación que permita coordinar esfuerzos y sumar capacidades. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) podría ser un espacio útil en este sentido. México tiene la presidencia pro tempore. Habría que aprovecharla.
