Integrantes del PRI afirmaron que en la pasada sesión de su consejo político nacional se dieron facultades sin precedente y de forma antidemocrática al presidente de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, como autorizar candidaturas en todos los niveles. En medio de inconformidades, expuestas incluso por legisladores, integrantes de ese órgano iniciaron trámites para impugnar.

Es el caso del consejero Armando Barajas Ruiz, quien este miércoles interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Argumentó que todo el proceso en torno a la sesión extraordinaria del consejo político, realizada el pasado 3 de agosto de manera virtual, adolece de sustento constitucional y legal.

El presidente del partido pretende concentrar todo el poder en él, como las candidaturas en todos los niveles, es decir, que todo pase por su venia. Vamos en retroceso, comentó Barajas en entrevista. Entonces ¿dónde quedaron los postulados de Luis Donaldo Colosio para democratizar la vida interna del partido?

Señaló que si bien las circunstancias sanitarias sugieren las sesiones virtuales, su partido no estableció reglas para que los 740 consejeros discutieran y aprobaran un asunto tan importante como una reforma estatutaria que incidirá –de aprobarse en los consejos políticos estatales– en las elecciones del año entrante.

En el proceso abierto en el TEPJF, Barajas argumentó que el artículo 105 constitucional es claro en cuanto a que las leyes electorales deberán promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral, el cual arranca en septiembre.

Señaló que la convocatoria y orden del día de la citada sesión fue entregada con premura, mientras otros consejeros consultados afirmaron que el documento lo recibieron por correo electrónico hasta la madrugada del lunes.

Si bien los resolutivos en mención deberán ser sometidos a votación por los consejos estatales, a los priístas consultados les pareció inadecuado que aspectos tan importantes no tuvieran una mejor planeación y, sobre todo, un marco para la discusión. Sólo a unos cuantos se les concedió la palabra, dijeron.

En medio de una lista de facultades ordinarias, se otorgó al presidente de ese partido la facultad no sólo de palomear las iniciativas al Congreso de la Unión, sino la elección del propio coordinador de la bancada priísta, asunto que finalmente no prosperó por la oposición de los propios aludidos.

Aunque sí se aprobó que el dirigente nacional dicte el sentido del voto que deberán tener los legisladores del tricolor. Igualmente se dio luz verde en este consejo para que el presidente influya en los trabajos de la comisión de procesos internos.