n las semanas recientes, las organizaciones de familiares de desaparecidos de Morelos, conjuntamente con algunas de las integrantes del Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas, han lanzado una campaña en los medios para demandar a las autoridades competentes que cumplan con los compromisos adquiridos para identificar los cuerpos encontrados en las fosas ilegales de Tetelcingo (2016) y Jojutla (2017).

Los 117 cadáveres sepultados en Tetelcingo de manera irregular por la Fiscalía General del estado de Morelos entre 2010 y 2013, exhumados en 2016 gracias a la presión de los familiares de desaparecidos, y los 84 cuerpos, sin carpetas de investigación, encontrados en el panteón de Jojutla, permanecen sin la debida identificación que permita sean entregados a sus familias. En ambas sepulturas masivas se encontraron cuerpos con huellas de tortura y/o con las manos atadas; había ropa y armas blancas que son evidencia forense la cual no debía haber enterrado. En el caso de Jojutla, los trabajos de exhumación se interrumpieron antes de recuperar todos los cuerpos, y se cree que puede haber otro centenar de restos mortales.

Bajo el lema #Desenterrarlaverdad, los deudos están demandando que se analice el material genético obtenido de los cuerpos exhumados y que se compare con las muestras obtenidas de las 45 familias que participaron en el desenterramiento de Jojutla, y con las de otros muchos que buscan a sus hijos e hijas.

Los comunicados y conferencias de prensa oficiales denuncian la ineptitud del coordinador de Servicio Forense dela Fiscalía, Sebastián Nava, quien, a tres años de las exhumaciones de Jojutla, no ha hecho absolutamente nada para validar los perfiles genéticos. Es importante recordar que ambas sepulturas masivas se encontraban bajo custodia del Estado; es decir, no eran fosas clandestinas, sino fosas comunes que fueron usadas, no sólo de manera irregular, sino criminal, al ocultar cuerpos torturados y encubrir homicidios. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho ninguna investigación judicial, no hay funcionarios del servicio forense imputados ni ningún fiscal o funcionario público de las municipalidades correspondientes ha sido consignado penalmente.

Con el nuevo gobierno, la Comisión Nacional de Búsqueda acordó con el fiscal General del estado de Morelos (FGEM), Uriel Carmona Gándara, que se revisarían las carpetas de investigación de los y las desaparecidas en el estado, y que se harían los perfiles genéticos de unos 500 cuerpos no identificados que se encuentran en los servicios médicos forenses estatales. No obstante, todos esos compromisos han sido olvidados, pues incluso antes de la pandemia no se inició ningún proceso, y la fiscal especial de Desaparición Forzada de la entidad, Zaira Janet Lulo Juan, ha sido señalada por las organizaciones de familiares de obstaculizar la indagatoria penal y de negarles información sobre las víctimas.

La pandemia no ha detenido la lucha férrea de las organizaciones de familiares de desaparecidos que claman justicia y piden que la búsqueda de sus hijos e hijas sea considerada una actividad esencial.

Como parte de esta campaña, está el lanzamiento internacional del documental Volverte a Ver, de Carolina Corral (https://www.youtube.com/watch? v=KOEBQO6Vmkk ),el cual registra la participación de las integrantes del Colectivo Regresando a Casa en la exhumación de las fosas de Jojutla. Se trata de una denuncia contundente de las complicidades estatales con el crimen organizado, y de las múltiples responsabilidades por omisión o comisión de funcionarios de los distintos niveles de gobierno.

El documental muestra cómo las madres y hermanas de los y las desaparecidas se han convertido en especialistas forenses para desenterrar la verdad que los funcionarios estatales han ocultado. Ellas son nuestra conciencia, y ahora nos llaman a hacer eco de sus denuncias y a exigir al gobierno actual el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

* Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.