En los próximos días, el Congreso del estado de México podría aprobar una ley de amnistía que ­ayudaría a salir de prisión a 65 por ciento de las personas que hoy se encuentran en las cárceles de la entidad, bajo la premisa de que ­habrían sido blanco de discriminación por ser pobres, jóvenes y no haber ­tenido acceso a la ­educación, indicó ­Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos ­Zeferino Ladrillero (Cdhzl). En entrevista con La Jornada, el abogado subrayó que de las cerca de 220 mil personas que se encuentran privadas de la libertad en México, sólo entre 18 y 20 mil lo están por delitos del fuero federal, que son quienes podrían aspirar a tener algún beneficio con la Ley de Amnistía declarada en abril pasado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para que un recurso como la amnistía beneficiara a los presos por delitos del fuero común, explicó, las entidades federativas tendrían que reproducir este mismo tipo de leyes a escala local, por lo que el Cdhzl y otras organizaciones civiles promovieron esta norma en el estado de México, donde hay 30 mil internos en 22 centros de reclusión, lo que lo convierte en la entidad con mayor población carcelaria.

Lara explicó que la propuesta de ley formulada se basa en la figura legal de las personas injustamente presas, la cual se refiere a los internos en cuyos procesos legales existan indicios de violaciones de derechos humanos, entre ellas la evidencia de que hayan sido discriminados por pertenecer a estratos socioeconómicos bajos, lo que los llevó a no contar con una defensa adecuada ni con un debido proceso.

El sistema de procuración de justicia ha cometido actos de discriminación estructural en las cárceles de este país al castigar la pobreza, la ignorancia y la rebeldía, en el caso de los presos políticos. De implementarse esta ley de amnistía en el estado de México, estaríamos ante la posibilidad de que recuperen la libertad 19 mil 500 internos de los 30 mil que existen, equivalentes a 65 por ciento.

Indicó que aunque hay sectores a los que les preocupa la eventual liberación de delincuentes, bastaría revisar los casos sospechosos de discriminación para darse cuenta de que los verdaderos criminales están en la calle, aunque también sería necesario formar un comité con participación gubernamental y civil para estudiar algunos casos que requieran más análisis antes de ordenar una excarcelación.