La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe cambiar para convertirse en un organismo independiente, libre de conflictos de interés, que le permita ejercer, de forma real, su función como autoridad sanitaria sin las actuales limitaciones jurídicas por su subordinación a la Secretaría de Salud (Ssa), advirtieron funcionarios del sector.

Ante la inquietud que generó la versión de eventuales cambios en el estatus jurídico de Cofepris, el Consejo de Salubridad General (CSG) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), Héctor Valle, director de la Fundación Mexicana para la Salud (Fusalud) informó que integrará grupos de expertos –en los que participen académicos e investigadores de escuelas de educación superior y de instituciones de salud– para que analicen la situación de estos organismos.

Señaló que no existe un proyecto de reforma constitucional requerido para cualquier cambio que se pretenda realizar al CSG. Por lo tanto, es oportuno que los especialistas analicen y presenten sus puntos de vista, como una forma de colaboración con el gobierno federal.

Fuentes consultadas por este diario precisaron que en Cofepris hay áreas de oportunidad para corregir carencias que ahora le impiden supervisar la correcta operación de los laboratorios farmacéuticos.

Aunque hay una red de comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios, la vinculación con el organismo federal sólo es de palabra, pues legalmente dependen de los gobiernos locales.

Incluso, comentaron, hay casos en que existen como autoridad sanitaria con una plantilla de trabajadores, pero resulta que la mayoría de ellos quién sabe dónde están.

La estructura legal de Cofepris, herencia de los gobiernos anteriores, responde más a una simulación en la que aparentemente las empresas farmacéuticas cumplen con la normatividad, pero cuando han sido inspeccionadas se han encontrado diversas anomalías.

Respecto de la Conamed, los funcionarios consideraron que a pesar de sus limitaciones, debido a que su actuación en la solución de conflictos entre médicos y pacientes está circunscrita a que ambas partes la acepten, es el órgano donde las personas pueden denunciar actos de negligencia o negación de servicios.

Lo que debería ocurrir en el gobierno de la Cuarta Transformación es fortalecer su marco legal y convertirla en un instrumento real de defensa de los pacientes. Este es un proyecto que durante años ha sido relegado, apuntaron.