Un programa para reducir las deudas de empleados públicos, principalmente profesores que contrataron créditos de nómina más allá de su capacidad de pago en los dos gobiernos anteriores, generó pérdidas para la banca de desarrollo por más de 77 millones de pesos, de acuerdo con información oficial.

La Jornada publicó este martes que la firma estadunidense World Acceptance Corporation fue multada en aquel país por haber sobornado con 4 millones de dólares a funcionarios y líderes sindicales para operar un esquema de préstamos a empleados, los cuales eran garantizados por la nómina. Los descuentos los efectuaban instancias de educación pública o salud en nombre de los acreedores.

Fruto de los acuerdos entre el sindicato magisterial, empresas financieras y gobierno federal, el Programa de Crédito a Trabajadores de la Educación, que operó de febrero de 2014 a junio de 2015, resultó en pérdidas para la banca de desarrollo por 77 millones 120 mil pesos que la actual administración del Banco del Bienestar busca sacar de los pasivos.

En un programa de rescate que a la fecha implica 5 mil 510 créditos otorgados por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) –con el que se apoyó a los deudores–, reportes oficiales exhiben que al 30 de junio de este año 5 mil 507 son parte de la cartera vencida y es donde se concentran los recursos pendientes por recuperar.

Miles de créditos pasaron de ser obligación de privados a ser de Bansefi. Cinco años después sólo tres son cartera vigente, con un valor de 11 mil 554.12 pesos.

En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció el programa de apoyo al magisterio simultáneo al cabildeo para impulsar la reforma educativa con el nuevo dirigente Juan Díaz de la Torre.

Reportes de prensa del momento plantearon que financieras habían otorgado créditos de nómina por encima de lo que marca la ley y en algunos casos negociaron que la propia autoridad retuviera el pago, lo que, a su vez, absorbió una parte del sueldo de los trabajadores. Uno de los contratos firmados con el SNTE fue el de Consupago, de Grupo Chedraui.

El reporte financiero del Banco del Bienestar a junio de 2020 detalla que una cuarta parte de esa deuda corresponde al subprograma de compra de cartera, enfocado únicamente a Veracruz bajo la administración del ex gobernador Javier Duarte, preso por corrupción. Actualmente, el programa de créditos directos representa una cartera vencida por 19 millones 346 mil 623 pesos a través de mil 894 créditos.

Sumado a ello, bajo el Programa Bansefi-Refin –que funcionó en Chihuahua, Ciudad y estado de México, Puebla, Querétaro, Veracruz, Chiapas y Guanajuato– hay 77 millones 108 mil 934 millones de pesos más que provienen de 3 mil 613 créditos que tampoco han sido recuperados.

El Banco del Bienestar subrayó que como parte de las acciones llevadas a cabo en el primer semestre de este año para recuperar esos recursos hay gestiones extrajudiciales por conducto del Despacho de Cobranza especializado en recuperación de Créditos con Descuento Vía Nómina y también mediante entidades retenedoras morosas. Además, trámites de nueva alta para profesores en cartera vencida que aún se encuentran en plantilla laboral de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En suma, del cierre de 2015 a la mitad de 2020, la cartera vencida pasó de 143.76 millones de pesos a 77.1 millones. Mientras tanto, el banco actualiza las estrategias para 2020 y sugiere hacerlo con la recepción de cobranza a partir de listados de descuentos aplicados por retenedoras de la SEP y agilizar el proceso de gestión de la autorización de castigos para los créditos no recuperables.

En 2015 la Auditoría Superior de la Federación hizo una revisión del programa, en la cual documentó que la información en el sistema no es confiable ni oportuna, hay créditos que no tienen expediente y diferencias contables, entre otras cosas.

Reguladores y otras autoridades mexicanas han revisado los créditos de nómina amparados por líderes sindicales y gobiernos. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sancionó con 21.7 millones de dólares a World Acceptance Corporation.

Reveló que su filial en México repartió 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio y garantizar el pago sin mora. Los pagos vía transferencias y efectivo se hicieron a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.