Con las primeras revelaciones de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará salidas legales para que la esposa y la hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sean encarceladas o se cancelen las órdenes de aprehensión libradas en su contra, esto como parte de los acuerdos alcanzados entre el ex funcionario y el Ministerio Público Federal para que entregue información sobre funcionarios, políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción en administraciones anteriores, señalaron autoridades.

Luego de más de tres semanas de haber sido extraditado de España a México, por primera vez la FGR dio a conocer detalles de la información que Lozoya Austin entregó ayer mediante la interposición de una denuncia, y con ello consolidar el acuerdo para mantener al ex funcionario como un testigo colaborador del Ministerio Público y al mismo tiempo conceder beneficios legales a sus familiares para que no sean detenidas por haber cometido, según la FGR, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Actualmente Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, se encuentra sujeta a proceso penal por los mismos delitos que se imputan a su hija Gilda Susana Lozoya y su nuera Marielle Helene Eckes, pero estas últimas se consideran prófugas de la justicia.

Los familiares de Emilio Lozoya han sido consideradas partícipes de las operaciones financieras que realizó el ex funcionario y que están relacionadas con sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht y la entrega de más de 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira, para lo cual constituyó empresas fachada y utilizó cuentas bancarias creadas en paraísos fiscales.

Lozoya Austin –quien fue detenido en febrero de este año en Málaga, España– inicialmente se negó a colaborar con las autoridades mexicanas, sin embargo tras la aprehensión de su madre en Alemania cambió su estrategia y decidió negociar su entrega, proporcionar información de los sobornos recibidos y de una red de corrupción en México que involucra a políticos y empresarios.

En julio pasado el ex director de Pemex fue vinculado a dos procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, pero la FGR no solicitó que se le dictara prisión preventiva.

Desde antes de llegar a México el ex funcionario buscó consolidar un acuerdo para que se retiren los cargos que se han formulado en contra de sus familiares y de manera particular contra su hermana y su esposa, a cambio de ser considerado testigo colaborador de la fiscalía general.