l término es muy expresivo y se entiende perfectamente cuando se aplica al sexenio de Felipe Calderón, aunque ciertamente es impreciso: sería más pertinente describirlo como narcogobierno, porque las organizaciones de la droga no lograron, ni de lejos, infiltrar al conjunto de las instituciones. Controlaron, sí, algunas de las más importantes: la Secretaría de Seguridad Pública (con Genaro García Luna), la Policía Federal (con Luis Cárdenas Palomino) y posiblemente la Procuraduría General de la República, como lo sugiere el hecho de que al menos uno de sus titulares durante el calderonato es mencionado como benefactor de capos de la droga en uno de los cables que WikiLeaks entregó a este diario (https://is.gd/YrohQ0).
También la Secretaría de Agricultura olía a narco con Calderón. Un subsecretario del ramo, Jeffrey Max Jones Jones, no ocultaba su admiración por el modelo de negocio
de los narcotraficantes e instaba a los campesinos a aprenderles
a identificar el mercado, a planificar y a crear su logística (https://is.gd/3uayLj). Como dice el presidente López Obrador, la religión de la derecha es la hipocresía y Jones Jones fue forzado a dimitir tras la montaña de críticas que se le vino encima. Lo de menos habría sido el aparente dislate declarativo. El asunto de fondo es que el lenguaraz funcionario representó crudamente en sus expresiones la discreta admiración que el pensamiento neoliberal desarrolla hacia las actividades ilícitas en general porque, como lo dijo el renunciado subsecretario calderonista, hacen un modelo de negocio casi perfecto, con inversiones mínimas, rendimientos máximos, agregación de valor astronómica y retornos vertiginosos de la inversión.
Pero no todo era lapsus. Por medio del Procampo, la Sagarpa dio a diversos narcotraficantes considerables sumas de dinero: Vicente Zambada Niebla, por ejemplo, recibió más de medio millón de pesos. En gobiernos anteriores, las familias de El Mayo Zambada, de El Chapo Guzmán, de El Güero Palma, de Rafael Caro Quintero, de Amado Carrillo Fuentes y de Juan García Ábrego recibieron distintos apoyos
del gobierno; por cierto, las prebendas se extendieron a funcionarios de Fox y de Calderón y a sus parientes (https://is.gd/N17Sw7). En 2008 Luis Valencia Valencia, fundador del cártel del Milenio, cobraba cheques de Procampo. Un caso extremo era el de Jesús Raúl Beltrán Uriarte, lugarteniente de Ignacio Coronel, quien fue detenido desde 2006, pero que dos años después seguía recibiendo su ayuda (https://is.gd/nMlZeB).
La SHCP no cantaba mal las rancheras y particularmente los narcocorridos. Por las narices de esa dependencia pasaban cada año hasta 39 mil millones de dólares procedentes del trasiego ilícito de drogas, según la edición de 2009 del reporte Lavado de dinero y delitos financieros, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La firma consultora No Money Laundering, por su parte, calculaba que el dinero inyectado a la economía por el lavado de dinero oscilaba entre 2 y 5 por ciento del PIB (https://is.gd/V4xKxN ).Después de más de cinco años de muertes imparables y de una violencia devastadora, Calderón hizo como que descubría que se podía combatir a las organizaciones delictivas privándolas de fondos y envió al Congreso una iniciativa de ley para perseguir el lavado. Su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, rebajó piadosamente
las cifras y minimizó esa actividad a un tercio o un cuarto: 10 mil millones de dólares (https://is.gd/IrkBq0).
No se mencionan, por razones de espacio, gubernaturas, presidencias municipales, poderes Judicial y Legislativo.
Hay muchos más elementos, desde luego, para referirse al espuriato de Calderón como un narcogobierno, como la tácita aquiescencia a los operativos gringos para armar al cártel de Sinaloa ( Receptor abierto y Rápido y furioso) o para lavarle dinero a esa misma organización (https://is.gd/GwOpyL). O los alegados contactos entre Luisa María, Cocoa Calderón, hermana del gobernante, con Servando Gómez Martínez, La Tuta (https://is.gd/2CDj0y), un señalamiento que con los cargos contra García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, adquiere nueva significación. O la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a manos de efectivos de la Marina, que tuvo las características de una narcoejecución, no necesariamente porque sus verdugos fueran sus competidores en el negocio, sino porque el estilo se impregnó de manera irremediable en las corporaciones oficiales.
Pero el agente fundamental de ese narcogobierno no es Calderón, sino el modelo neoliberal, de Salinas en adelante, que convirtió a la delincuencia organizada, y particularmente el narcotráfico, en un sector de la economía por derecho propio. Así lo indican las cifras de generación de empleos directos, de aportación de divisas y de regiones involucradas que reflejan el trasiego de drogas y el aumento y expansión de esa actividad de 1989 en adelante.
Twitter: @Navegaciones
