El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) pidió a las autoridades de Nuevo León redoblar los trabajos para localizar a Mayela Álvarez, trabajadora de la institución cuyo paradero se ignora desde el 11 de agosto.

Shinji Hirai, profesor e investigador del Ciesas –organismo público descentralizado adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología–, recordó que Álvarez, de 42 años, fue vista por última vez el pasado martes en el municipio de San Nicolás de los Garza. Familiares de Álvarez denunciaron su desaparición el miércoles, pero las autoridades no actuaron hasta el día siguiente.

Hirai demandó a la administración que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez Calderón que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata y la Comisión de Búsqueda de desaparecidos locales intensifiquen sus esfuerzos, y también que se investigue este caso con perspectiva de género.

Según Hirai, Álvarez tiene dos hijos que dependen de ella y es muy querida entre la comunidad estudiantil del Ciesas.

En tanto, el Colectivo Buscadores de Guanajuato consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) es negligente en la identificación de personas ausentes, como ocurrió con Ulises Alberto Rojas y Fernando Israel Martínez, desaparecidos el 19 de julio en Silao.

Recordó que ese día policías estatales y municipales de Silao arrestaron a Martínez, a quien acusaron de robar una motocicleta. Fue liberado luego de que presentó los documentos de la unidad, pero sujetos a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta color gris que dijeron ser policías ministeriales lo interceptaron.

A partir de ese momento se desconoce el paradero de Israel, señaló la agrupación. Agregó que también el 19 de julio Ulises Rojas fue privado de la libertad, presuntamente por los mismos individuos que se llevaron a Israel.

Después de casi un mes, el 12 y el 14 de agosto, la FGE identificó los cuerpos de Ulises y Fernando, respectivamente, señaló el colectivo.

En este contexto, familiares de Jorge Antonio Rosales, de 21 años de edad, quien fue asesinado entre el 6 y el 7 de agosto en el municipio de Coyuca de Benítez, marcharon ayer por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir que se aclare el crimen y que regrese la tranquilidad a esa demarcación de la Costa Grande de Guerrero.

Al frente del contingente, un orador con un altoparlante emplazó a parar esta ola de violencia todos. No podemos permitir que se siga ofendiendo al ciudadano, a los padres de familia.