Morena en la Cámara de Diputados insistirá en una reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los cuales el Presidente puede ser sujeto a juicio, y espera el respaldo de la oposición, tras un eventual acuerdo para que el Partido Revolucionario Institucional presida la mesa directiva en el último año de la Legislatura.

Morena, que hará su plenaria en línea la última semana de agosto con invitados del gabinete, tiene tres iniciativas de reforma a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso y al Reglamento de la Cámara para implementar el voto electrónico a distancia, permitir el trabajo legislativo remoto e incluso incorporar la figura de sesiones virtuales del pleno y comisiones.

Respecto al nuevo intento para acotar el fuero presidencial, Mario Delgado señaló que se trata de no permitir un Presidente intocable. Desde el año pasado, por diferencias con el Senado, así como con las otras bancadas, e incluso dentro de Morena, esta bancada no ha podido aprobar dicha reforma, a pesar de que el mandatario envió en febrero de este año una segunda iniciativa.

Aunque los diputados aprobaron el año pasado la reforma, el Senado introdujo la posibilidad de castigar a los legisladores por delitos electorales y los que ameritan prisión preventiva oficiosa; ese agregado no gustó a los diputados, que lo suprimieron y devolvieron la minuta a los senadores, que la reimpusieron en diciembre, y como en San Lázaro se insistió en retirarla, se estancó.

Delgado sostuvo este domingo que, al prevalecer el diferendo, lo más adecuado fue buscar una nueva redacción que pueda conseguir el consenso que se necesita para una reforma constitucional entre las diferentes fuerzas políticas y ambas cámaras del Congreso.

Refirió que la propuesta, avalada ya en comisiones, prevé la posibilidad de iniciar un juicio al Presidente –además de por traición a la patria como actualmente está previsto– por corrupción, delitos electorales e incluso los ilícitos graves que prevé el artículo 19 de la Constitución.

Mientras, Morena tiene una iniciativa de reforma a los artículos 63 y 68 de la Constitución para que, en caso de contingencia sanitaria o circunstancias inminentes que impidan el ingreso de los legisladores a los recintos legislativos, los órganos de gobierno puedan acordar sesiones y votaciones remotas.

Además, otra para modificar la Ley Orgánica del Congreso, a fin de que, en los mismos supuestos, el trabajo legislativo se realice de forma remota, y otra al reglamento para los lineamientos de sesiones de pleno y comisiones, a distancia, y obligar a la cámara a instaurar tecnologías de la información que garanticen la verificación del quórum, la intervención de los legisladores, así como la recolección y registro de las votaciones de forma virtual.