La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará el miércoles un proyecto de sentencia que propone negar el amparo de la justicia promovido para el empresario Germán Larrea Mota Velasco, y, con ello, permanecerían asegurados 65 millones de acciones serie B de Grupo México, que le exige desde hace siete años un fondo británico de inversiones.

El litigio comenzó el 17 de octubre de 2013, cuando Infud LLP hizo, a solicitud de Larrea, varias transferencias de fondos por 75 millones de dólares, para la compra de dichos títulos bursátiles.

Sin embargo, el fondo británico nunca recibió las acciones, que en ese entonces representaban 8 por ciento del total del capital de Grupo México, y que se estima alcanzarían un valor de 2 mil millones de dólares. La firma financiera demandó ante tribunales mexicanos a Larrea y, un año después, la jueza federal Gabriela Ortiz González falló a favor del dueño de Grupo México bajo el argumento de que el hecho de que todo se haya llevado a cabo el mismo día, en cuestión de nueve minutos, sin la vinculación con un hecho cierto, no aportaba pruebas suficientes de la transacción.

Infud LLP apeló la decisión, explicando que los recursos en juego habían sido triangulados entre diversas cuentas y países a petición del propio Larrea, y que la operación quedó registrada electrónicamente, tal y como es la práctica internacional en las bolsas de valores.

Con base en este argumento, un tribunal colegiado amparó a la firma británica y ordenó al juzgado emitir un nuevo fallo, el cual está pendiente. Como parte inicial del litigio, se emitió una orden judicial que impide a Larrea disponer del paquete accionario en juicio hasta que haya una sentencia definitiva. Es en contra de esta medida que el empresario interpuso el amparo que está listado para resolverse en la primera sala de la SCJN.

Larrea impugna cinco artículos del Código de Comercio, y uno más del Código Federal de Procedimientos Civiles, que son la base de la orden judicial para asegurar el capital accionario en litigio.

El proyecto de resolución, presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, propone validar el aseguramiento de las acciones, y explica que esta medida cautelar tiene el propósito de mantener el estado de cosas hasta que el caso se resuelva de fondo.

Para que las cosas permanecieran en el estado en el que se encuentran; es decir, para que el demandado se abstuviera de ocultar, dilapidar, enajenar, gravar, transmitir, endosar o modificar las acciones materia de la litis, plantea el proyecto de sentencia.