La discusión sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en Veracruz para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual atrajo un nuevo amparo.

Se trata de un juicio promovido por la asociación civil Equifonía, en el que denuncia que las normas estatales sobre el aborto están mal hechas y no responden a lo que ordena la alerta de género que se decretó para la entidad en 2017.

María Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del área jurídica de ese colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres, explicó que, a diferencia del caso que fue abordado a finales del mes pasado, el amparo no impugna del Congreso de Veracruz una omisión absoluta para normar la ILE, lo que existe para nosotras en una omisión legislativa relativa, parcial.

El pasado 29 de julio la primera sala de la SCJN analizó un amparo promovido por otra asociación feminista; en esa ocasión se rechazó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con el argumento de que no existe en la Constitución federal la obligación expresa para que los estados legislen sobre la ILE.

Ahora, en este nuevo intento, Equifonía aborda el tema con otra estrategia jurídica, que no denuncia la inexistencia de normas sobre la ILE, sino sus deficiencias.

Fuentes Manzo explicó en entrevista que buscan que la SCJN fije, con base en los derechos de las mujeres contenidos en la Carta Magna y en las convenciones internacionales firmadas por México, cuáles son las características mínimas que deben contener las normas estatales sobre la ILE.

Lo que esperamos de la Corte es que se analice, se haga un estudio comparativo de cuáles son los ordenamientos y que, claro, cada estado tiene la posibilidad de legislar como quiera, pero hay un piso mínimo que todas las mujeres tendríamos que tener, en relación a los derechos que todas tenemos.

La abogada informó que una vez atraído por la SCJN, el asunto fue asignado por turno a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien votó en contra del proyecto de González en el caso pasado, pero que confían en ser recibidas por la juzgadora para plantearle sus argumentos, antes de que este nuevo amparo se vote.

Entre los aspectos que le expondrán, es que en Veracruz las víctimas de violación tienen sólo 90 días para tramitar la autorización para interrumpir el embarazo, mientras en otras entidades se permiten hasta 12 semanas, factor que ha contribuido a que, tan sólo en lo que va del año, 967 niñas, de nueve a 15 años de edad, hayan dado a luz en esa entidad.