Docentes de 204 centros comunitarios que ofrecen servicios de educación inicial y prescolar a casi 13 mil niños en las zonas más marginadas de la Ciudad de México pidieron apoyo al gobierno capitalino para sobrevivir a la pandemia de Covid-19, pues sólo reciben cuotas simbólicas de los padres de familia, que se han reducido ante la falta de ingresos.

En un pliego petitorio solicitan que en el corto plazo se les otorguen bonos contra el hambre, como propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a todo el personal registrado, así como equipos de cómputo para facilitar las clases en línea y la condonación del pago de derechos del agua en lo que va del año.

El próximo lunes se tiene programado el inicio del ciclo escolar 2020-2021, pero estimaron que, del total de centros comunitarios, 20 por ciento no podrá otorgar el servicio, ya sea porque no cuentan con el equipo mínimo indispensable o porque los niños no se reinscribieron ante la falta de ingresos de sus padres.

Detallaron que reciben cuotas de 950 pesos al mes, que incluyen alimentos y el servicio educativo, pero durante la pandemia, en el mejor de los casos, las madres de familia aportaron la mitad, pues resultaron afectadas por el cierre de actividades. La mayoría son mujeres que se dedican al pequeño comercio, trabajadoras domésticas o empleadas con ingresos máximos de tres salarios mínimos.

Indicaron que son tres las peticiones urgentes, debido a las afectaciones por la pandemia del nuevo coronavirus, pero a la par se requiere retomar las pláticas con las autoridades capitalinas para lograr la institucionalización de estos centros comunitarios, pues en cada nueva administración se ven en la necesidad de iniciar todo el proceso.

Esto significa lograr que la Secretaría de Educación Pública les otorgue las claves como centros de trabajo y la donación de predios por el gobierno capitalino, que tienen en posesión desde hace más de dos décadas, para contar con certidumbre jurídica.

Explicaron que hacen uso de los inmuebles con permisos administrativos temporales revocables, que vencerán en dos años.