La Contraloría General de la Ciudad de México tiene 9 mil 437 expedientes de investigación en contra de servidores públicos, mientras sigue la indagatoria en contra de 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017 y tiene cinco órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra de ex funcionarios, afirmó su titular, José Juan Serrano, en el informe de acciones de combate contra la corrupción.

Al participar en una mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, sin dar detalles, dijo que próximamente se aplicarán nuevas acciones y programas que fortalezcan el combate a la corrupción, al referir que suman 2 mil 52 las sanciones aplicadas a mil 680 servidores públicos en el periodo de enero de 2019 al 28 de febrero pasado.

Expuso que la diferencia entre las cifras se pueden explicar porque algunos sancionados suman dos o más castigos, según sea el caso.

En el encuentro virtual, indicó que en lo que va de la actual administración hay servidores públicos con sanciones de uno a 20 años, de menos de un año y hasta tres meses; asimismo, existen 63 con castigos por faltas a la normatividad y que suman 9 mil 437 expedientes en investigación, cuyo avance se vio en parte retrasado por la emergencia sanitaria.

En lo que se refiere a servidores públicos de la administración anterior, detalló que 197 personas tienen sanciones de uno a 20 años, 16 de menos de un año y mil 400 por faltas a la normatividad, para un total de mil 613 personas con diferentes penalidades.

El secretario de la Contraloría indicó que como resultado de las denuncias en contra de funcionarios se abrieron 24 carpetas de investigación en contra de 27 personas que estuvieron como servidores públicos.

La diputada Lilia Rossbach, de Morena, dijo que es fundamental la rendición de cuentas, por lo que en su intervención preguntó al funcionario el estado de las acciones en contraloría social dentro del contexto de la crisis sanitaria, así como de las diversas auditorías que realiza la dependencia.

Serrano respondió que sí existió presencia virtual de los contralores ciudadanos, pero no dio más detalles; sobre las auditorías, expuso que lamentablemente seguimos aún en nuestra etapa de fiscalización con suspensión de términos por la contingencia sanitaria, pero dijo que hay avances que posteriormente hará llegar a los legisladores.

Los diputados de oposición criticaron que el funcionario no diera a conocer los montos de las sanciones aplicadas o en su caso lo recuperado, además de que no abundara en cuanto a los temas relacionados con procesos de licitación o del predio La Quebradora.