Durante casi tres horas, ex trabajadores de Mexicana de Aviación cerraron el acceso a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir la continuidad del uso de los almacenes fiscalizados de la aerolínea.

Atención Ciudadana de Presidencia de la República ofreció diálogo mediante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y los manifestantes desactivaron la protesta, la cual, señalaron, se retomará a mediados de la próxima semana si no hay avances en la negociación con las autoridades.

Antes, el piloto Rafael Suárez comentó en entrevista que “cerramos el acceso a la aduana porque la administración de aduanas de México le quitó la autorización para operar los almacenes fiscalizados de Mexicana de Aviación. La aerolínea tiene sus autorizaciones vigentes, porque no ha causado estado la quiebra. Refutamos la determinación de aduanas, solicitamos hablar con el administrador de aduanas.

Los 8 mil 500 trabajadores de las empresas de Grupo Mexicana defenderán sus derechos y continuarán manifestándose para demandar ser escuchados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por las autoridades aduanales, a fin de que la autorización otorgada a Compañía Mexicana de Aviación para operar los almacenes fiscalizados sea formalmente transferida a los trabajadores de las empresas del Grupo.

Ello es con el único propósito de generar recursos para dispersar fondos a fin de que se imparta un mínimo de justicia, aunque sea parcial, a nuestros compañeros que se han visto afectados por la fraudulenta quiebra de nuestra querida empresa y fuente de ingreso y, en su caso, nos indiquen los requisitos a seguir en cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera para dicho acto.

Los inconformes argumentaron que, independientemente de que la declaración de quiebra del Concurso Mercantil de Mexicana aún no causa firmeza; el estatus que guarda la concesión de la compañía ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue vigente, por lo que la causal para la revocación de la autorización de los almacenes fiscalizados es totalmente improcedente.

Recordaron que el 28 de junio de 2019 se emitió la firmeza del laudo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en favor de los trabajadores de las empresas del Grupo Mexicana, cuya finalidad es buscar resarcir el injustificado daño a sus fuentes de trabajo y patrimonio al que han sido sometidos por la fraudulenta quiebra dictada en abril de 2014.

En esa unidad de negocio laboran alrededor de 280 empleados altamente especializados en el manejo y control de mercancías de comercio exterior, quienes en su mayoría son sindicalizados, explicó Rafael Suárez.