En el contexto de la pandemia de Covid-19, uno de los grupos que sufren mayor vulnerabilidad en México son las personas que viven con VIH, pues a la falta de servicios sanitarios, estudios clínicos y medicamentos suficientes, se le suma el hecho de que algunas de ellas han sido despedidas de forma injustificada u obligadas a revelar su condición serológica para poder quedarse en sus casas y evitar un posible contagio.

Alain Pinzón, director del colectivo VIHve Libre, señaló en entrevista que desde antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en el país existía un problema de desabasto generalizado de medicamentos antirretrovirales en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como en Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Sin embargo, “la pandemia le vino como anillo al dedo al gobierno, porque a partir de esto tienen un muy buen pretexto para el desabasto, la falta de seguimiento de virología y de atención médica a quienes viven con VIH. Toda la atención de enfermedades crónico-degenerativas se pausó, como si les pudiéramos decir ‘espérame tantito, que hay otra pandemia qué atender’”. 

Entre las principales fallas y omisiones que padece este sector, detalló el activista, se encuentran los programas que obligan a los pacientes seropositivos a salir muchas veces a hospitales públicos para que les entreguen sus medicamentos, en vez de tener un esquema que los abastezca durante varios meses, y la suspensión de estudios de seguimiento virológico. 

Aunado a lo anterior, indicó Pinzón, se ha registrado una tardanza de hasta cuatro o cinco meses para que muchas personas recién diagnosticadas puedan empezar a recibir su tratamiento médico, cuando los estándares internacionales indican que ello debe ocurrir en un plazo máximo de siete días.

De igual forma, la cantidad de nuevos casos de VIH y otras enfermedades como cáncer y diabetes empezó a bajar desde marzo, debido a que se están realizando menos labores de detección.

Todo el trabajo de prevención y atención que se está dejando de hacer en las instituciones de salud del gobierno han tenido que asumirlo los colectivos civiles. Uno de ellos es Casa Frida, lugar de refugio para jóvenes de la diversidad sexual que han sido víctimas de agresiones homofóbicas, y que hoy tiene ocupados los 22 espacios que puede ofrecer.

Raúl Caporal, uno de los integrantes de la coordinación de dicho sitio, explicó que al menos una cuarta parte de sus usuarios –tanto mexicanos como extranjeros– tenían un diagnóstico previo de VIH, pero debido a la pandemia de Covid-19 muchos vieron interrumpido su tratamiento médico antirretroviral, por lo que una de las prioridades es ayudarlos a retomarlo. 

Uno más de los daños que ha provocado la emergencia sanitaria de Covid-19 entre las personas seropositivas es orillarlos a revelar su diagnóstico en sus centros laborales para comprobar que son población de riesgo y que sus empleadores les permitan ausentarse. 

En el caso de Florián Pérez Santizo, aunque la cadena de supermercados Soriana le autorizó estar en cuarentena durante cuatro meses con el goce del 100 por ciento de su sueldo, al término de ese periodo le avisó a él y a otros empleados con enfermedades crónico-degenerativas que habían sido despedidos, sin mediar mayor explicación.

Aunque me liquidaron bien, fue un golpe bajo de la empresa, porque quienes tenemos alguna enfermedad necesitamos más el Seguro Social y vamos a batallar más para encontrar trabajo, lamenta.