En América Latina y el Caribe se desperdician 220 millones de toneladas de alimentos al año. En México se tiran 20.4 millones en ese tiempo y a escala global se pierden mil 300 millones de toneladas. En este contexto, y ante los nuevos desafíos que impone el Covid-19, se requieren reformas estructurales a los sistemas alimentarios, consideraron expertos.

En el encuentro virtual Pérdida y desperdicio de alimentos: oportunidades, desafíos y riesgos, organizado por Ethos, laboratorio de políticas públicas, Sara Granados, consultora en sistemas alimentarios y asesora de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe, indicó que existen diversas fallas en la cadena de suministros.

Las desigualdades que existen en los puntos críticos donde se generan las pérdidas son: productores que no pueden sacar sus cosechas de los campos, que carecen de precios adecuados o de la infraestructura necesaria para llegar con productos de calidad a los mercados, así como centros de distribución sin estándares de calidad basados muchas veces en la estética, y decisiones y hábitos de los servicios de alimentación y de los consumidores que implican que ese alimento se vaya a la basura.

Entre las reformas que requieren los sistemas alimentarios está implementar marcos legales y políticas que más que sancionar el desperdicio generen incentivos y responsabilicen. Destacó que la FAO trabaja en un código de conducta internacional en la materia.

José Luis Chicona, director general de Ethos, precisó que es inconcebible que en México 6.3 millones de personas, por falta de recursos, sólo puedan comer una vez cada tres días y que en el país se tiren 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, cantidad que, de acuerdo con Genaro Aguilar, coordinador de la Red Latinoamericana de Expertos contra el Desperdicio de Alimentos e investigador del IPN, podría generar una canasta básica para 10.4 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave.

Chicona destacó que urge impulsar acciones para reducir las pérdidas y adoptar medidas con el fin de que la responsabilidad no recaiga tanto en los consumidores, sino en los gobernantes por su inacción.

Aguilar expuso que 70 por ciento de las pérdidas de alimento se dan en el campo. La razón principal es la imposibilidad que tienen los pequeños campesinos de llevar sus productos a los centros de consumo. Las innovaciones tecnológicas no les son accesibles, lamentó.

Y las cosas no están mejor en el transporte. Ahí hay un gran problema, porque “80 por ciento de los camiones y tráilers que transportan alimentos perecederos no tienen refrigeración, y buena parte de los que sí cuentan con ese sistema lo desconectan con el propósito de ahorrar combustible.