El gobierno federal tiene pendientes los procesos de extinción de 32 fideicomisos y mandatos en los que hay disponibles 999 millones 928 mil 141.76 pesos en efectivo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como parte del proceso aún falta reportar los montos que se obtengan por la venta de bienes e inmuebles, que son parte del patrimonio con el que cuentan muchos de estos actos jurídicos.

Según lo explicado por la dependencia, sólo dos procesos se iniciaron luego del decreto del 2 de abril, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó el cierre de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal. El resto se arrastran de años atrás.

Con la encomienda de liberar hasta 250 mil millones de pesos para responder a la emergencia sanitaria, según palabras del presidente, Hacienda inició los procesos de extinción, con independencia del tiempo que demanden para su conclusión. Sin embargo, no hay garantía de que se liberen todos esos recursos ni de que sea a corto plazo.

Por ejemplo, entre los 32 fideicomisos que oficialmente se reportan en proceso de extinción, destaca uno de la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio cultural F/22514 (Fonca). El convenio para eliminarlo se firmó en 2001, 19 años después este procedimiento lleva 95 por ciento de avance.

De acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2020 hay tres actos jurídicos que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se reportan en proceso de extinción. Entre ellos, el fideicomiso del Fondo de cobertura social de telecomunicaciones, que tenía como objetivo alcanzar una penetración de este servicio en 90 por ciento de los hogares de escasos recursos.

Además, se cuentan el fideicomiso 122. Benjamín Hill Trabajadores Sonora-Baja California, que debe vender 134 inmuebles para concretar su reintegro a la Tesorería de la Federación (Tesofe), así como el fideicomiso Programa Habitacional de Ferronales. Para ambos se pidió la extinción desde julio de 2018.

También está en proceso de cierre el Fondo de Investigación y Desarrollo Para la Modernización Tecnológica, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cuyo cierre también está atado a la venta de algunos inmuebles. En otros ramos, seis actos jurídicos que dependen de la Secretaría de Cultura están en vías de extinción, tres de Educación; nueve de Hacienda, dos de la Reforma Agraria, uno de Salud y seis en Turismo.

Incluso en uno hay que pagar pérdidas antes de extinguirlo. El fideicomiso de Fomento Industrial Lanfi, del Instituto Nacional del Emprendedor, reporta 6 millones 993 mil 635 pesos en números rojos. Fue la propia Auditoría Superior de la Federación que recomendó extinguirlo tras revisar la Cuenta Pública 2008. Por el momento, el balance que Hacienda reporta es un estimado, ya que el despacho que elabora los estados financieros no los ha proporcionado debido a la falta de pago de sus honorarios.

La única baja de fideicomisos que se concretó en el segundo trimestre de 2020, fue la del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad que inició la extinción el 30 de junio de este año y se concretó el 14 de julio.

Hay otros fideicomisos cuya extinción no se ha formalizado y se presentan como un acto jurídico vigente en los datos publicados por Hacienda, pero que han reintegrado recursos a la Tesofe. Es el caso del fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Hacienda reporta que se mantienen 299 actos jurídicos vigentes en los que hay 727 mil 381 millones de pesos que hasta el 30 de junio pasado no habían sido tocados por el decreto presidencial ni por la mayoría de Morena en el Congreso.

Se anunció que antes de concluir septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa a los legisladores para liberar estos recursos, ya que muchos requieren destrabarse en el Congreso, porque tienen origen en una ley.