os firmantes del Pacto por México –la mayoría hoy involucrados en actos de corrupción y bajo la lupa judicial– se comprometieron a expedir una nueva ley minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, en el entendido de que los recursos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras.

No trascendió el discurso, y en los hechos siguieron con la práctica de fortalecer los de por sí abundantes beneficios y la creciente impunidad de los barones de la minería, al tiempo que incrementaron las concesiones. Una muestra es la escandalosa entrega del gobierno calderonista, avalada por el peñanietista, a una trasnacional canadiense –atraco documentado por La Jornada Zacatecas–, que involucra un territorio mayor al que ocupa la Ciudad de México.

La estadística oficial (hasta la primera mitad de 2018) documenta que con Fox, Calderón y Peña Nieto las nuevas concesiones mineras sumaron de 70 millones de hectáreas, la mitad en el sexenio del tal Borolas.

La citada concesión, que implica un territorio mayor al de la CDMX, se entregó a Canplats Resources en 2007, que la vendió en 2010 a Goldcorp, la que a su vez la traspasó a Orla Mining, todas canadienses, y las tres traficaron con el territorio nacional sin que nadie estorbara.

La Jornada Zacatecas ( LJZ) lo detalla así: “Orla Mining recibió la aprobación del manifiesto de impacto ambiental (MIA) para el desarrollo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, en Zacatecas, que contará con aproximadamente 2 mil 60 kilómetros cuadrados en Mazapil. En comparación, el territorio de la Ciudad de México es de mil 485 kilómetros cuadrados.

“La Semarnat otorgó la aprobación de la declaración de impacto ambiental, todos los permisos de cambio de uso de suelo y una concesión para el uso de agua en el lugar. La empresa aseguró que el MIA es el siguiente paso para desarrollar el proyecto; podrá comenzar la construcción y mantener el cronograma para producir su primer oro en 2021. Sin embargo, la aprobación del MIA está condicionada a que Orla cumpla con ciertas condiciones en las próximas semanas.

“Este proyecto es analizado desde 2019 para su posible aprobación y se espera que tenga una vida productiva de siete años. Sin embargo, la restauración ambiental será de 11 años y medio. Tiene un aproximado de recursos minerales de 9.5 millones de onzas de oro y 100 millones de plata, además de que el estudio de viabilidad considera la extracción a cielo abierto de 44 millones de toneladas de óxido y mineral.

Zacatecas es uno de los principales productores mineros, pero hasta 40 por ciento de quienes habitan en ocho de los 10 municipios que producen más oro en el país viven en situaciones de pobreza. Además, las mineras han dejado un estrago agigantado en el medio ambiente y en la vida de las personas, tomando como ejemplo el caso de Salaverna, donde muchas familias fueron desalojadas de sus hogares (para favorecer a Carlos Slim).

Y en su editorial, LJZ advierte: la ley no ha sido modificada y opera en el mismo sentido de los gobiernos anteriores. Los responsables del gobierno federal están en claro conflicto de interés. El subsecretario de Minas, Francisco Quiroga es un antiguo zedillista que se convirtió en el alfil del Grupo Villacero de Julio Villarreal, el cual acaba de asumir también la conducción de Altos Hornos de México. El Zar del acero, también es dueño del Grupo Financiero Afirme, que sustituyó al Grupo Banpaís que heredó 2 mil 200 millones de pesos al Fobaproa. Todos estos empresarios norteños son promovidos por Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia, defensor de los barones), el cual ha intervenido en su colocación. El otro caso claro es el de la directora de minas del gobierno federal: Cristina Díaz Nieves, quien siempre ha trabajado para corporativos mineros canadienses.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿sirve de algo no otorgar más concesiones mineras, si de cualquier forma las prácticas neoliberales se mantienen?

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