Aunque es positivo el gesto para el reconocimiento del Estado mexicano a la plena competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzadas, los familiares de las víctimas no deben sobrestimarlo, pues las autoridades del país han ignorado sistemáticamente sentencias y recomendaciones de organismos internacionales, advirtió Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Junto a esta mesura, agrupaciones defensoras de causas sociales de Michoacán exigieron al Senado que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que dicho Comité de Naciones Unidas reciba denuncias e investigue delitos de lesa humanidad sea partir de 1968 y no desde diciembre de 2010, como se señala en la propuesta.

Pavel Guzmán, dirigente del Consejo Supremos Indígena de Michoacán (CSIM), manifestó que si las investigaciones fueran a partir de hace una década, significaría discriminación, marginación, exclusión y violaría los derechos colectivos de los pueblos originarios y de todos los desaparecidos en la guerra sucia. Hay por lo menos 20 casos en las comunidades indígenas, y 15 de ellas sucedieron antes de 2010, comentó.

En tanto, Janahuy Paredes, integrante de la organización Caminando Juntos por Justicia e hija de Francisco Paredes Ruiz (detenido en septiembre de 2007 en las inmediaciones de Morelia), manifestó que hay 300 casos documentados sobre desapariciones forzadas, muchas de ellas antes de 2010.

Juan Carlos Gutiérrez llamó a no lanzar las campanas al vuelo con el anuncio del presidente López Obrador y destacó que el cumplimiento de fallos depende más de la voluntad política de los gobernantes que de la firma de tratados. Opinó que la aceptación por parte de México de la facultad del comité de recibir casos individuales de desaparición es un avance importante, pero alertó que el gobierno ha desacatado numerosas recomendaciones e incluso fallos de diversos organismos, y ha llegado a argumentar que muchas de esas peticiones únicamente son de cumplimiento opcional.

Un ejemplo, explicó, son las sentencias emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los casos de las desapariciones de Israel Moreno, Christian Téllez y Víctor Manuel Guajardo, cuyo plazo de cumplimiento venció hace meses sin que el gobierno del país acatara sus términos.