Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que la corrupción que caracterizó a la administración pasada, particularmente en lo que se refiere al desarrollo inmobiliario, se está acabando y erradicando, tanto así que ya hay órdenes de aprehensión contra ex secretarios y actualmente se ordena ese tema en la ciudad, pues si bien se han otorgado facilidades a los constructores en levantar la economía en la metrópoli, eso no significa que no deban cumplir con lo dispuesto en la ley.

En su videoconferencia, la jefa del Ejecutivo local señaló que en el ordenamiento de la ciudad la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no sólo ha dado seguimiento a los juicios por lesividad que se mantienen en el Tribunal de Justicia Administrativa por obras inmobiliarias irregulares, sino que se ha puesto orden en los proyectos y polígonos de actuación aprobados con base en los usos de suelo.

Aseguró que no se hará ninguna obra que no tenga el acuerdo de los vecinos, por lo que es de suma importancia el trabajo que realiza la Secretaría de Medio Ambiente para llevar a cabo la consulta ciudadana en los megadesarrollos.

La mandataria aseguró que en casos como el edificio ubicado a un lado de la presa Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el pasado jueves el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) repuso los sellos de suspensión de actividades, se llegará hasta las últimas consecuencias.

Queremos que se demuelan los edificios que son símbolo de corrupción y que no pueden construirse en aquellos lugares donde estaba prohibido o en los que usaron predios que pertenecen al gobierno de la ciudad y que se adueñaron ilegalmente de ellos para construir propiedades privadas.

Sheinbaum destacó que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, a principios del próximo año se debe aprobar un nuevo ordenamiento territorial, y ya se está trabajando con un equipo de académicos para hacer una propuesta adecuada y congruente con lo que es la capital del país.

Tras las quejas hechas por el colectivo Damnificados Unidos sobre la actuación de la Comisión para la Reconstrucción y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad en cuanto a la atención de las familias afectadas por el sismo de 2017, la jefa de Gobierno defendió el trabajo que se ha realizado en ambas instancias.

Algunos casos, técnicamente, han sido complejos, pero ha habido una atención individualizada en cada hogar afectado por el sismo de 2017, y en la medida de lo posible se ha hecho todo para restaurar las viviendas de la mejor manera.

Respecto a la FGJ, señaló que ha habido sanciones penales contra directores responsables de obra (DRO), así como corresponsables de seguridad estructural, e incluso se han girado órdenes de aprehensión contra dueños de los edificios.