a consulta para enjuiciar a los ex presidentes es una forma de inscribir la idea de justicia en el proceso político. No se trata de debatir los formalismos jurídicos de si ya prescribieron los delitos o de si no es posible legalmente castigar al culpable y darle compensación a sus víctimas, sino de un ejercicio político, emocional, de romper, entre todos, con un pasado oscuro, truculento, sangriento y doloroso. Ese 90 por ciento a favor –según la encuesta disponible– se lee como un deseo casi unánime de hacer algo contra la impunidad. Hay un hartazgo de que, cuando la justicia pasa a los jueces, termina en burla. Durante décadas hemos tenido esa relación de humillación en la barandilla del abogado. El origen mismo del lopezobradorismo es el uso ultrajante de los formalismos legales para justificar una injusticia: el desafuero. Todavía resuenan los chiflidos en el Zócalo cuando el subprocurador Vega Memije y el panista Juan de Dios Castro dijeron que el expediente contra el entonces jefe de Gobierno de la capital era una joya. Desde su mismo origen, el movimiento se constituyó a sí mismo contra la impunidad del uso facineroso de lo literal-oficial. Está en su entraña política.

Tampoco se trata de votar la ley, como dicen los abogados proclives a custodiar sólo las restricciones que contiene, sino de usar la consulta como el derecho a saber. Hace 30 años, el juez Giovanni Falcone, de visita en México, dio tres conferencias sobre la lucha contra la mafia siciliana y el maxi-proceso que terminó encarcelando a más de 400 personas. El fiscal definió así la idea de presentar a los imputados como una estructura: hay que darle a la Corte y a la opinión pública el panorama que relaciona muchos delitos que sólo en apariencia están dispersos. De lo que Falcone habló fue del crimen organizado como una distorsión cultural de los valores comunes de la sociedad de la que son producto. Pone como ejemplos el honor y la amistad pero, en el caso de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, debiera incluirse el dinero público y la seguridad. Peña Nieto llegó a asegurar que la corrupción era una cultura, es decir, una forma de vivir. Su intención era equiparar la mordida al policía de tránsito con los sobornos de Odebrecht, con la intención de normalizar el saqueo. Calderón, por su parte, obedeció las órdenes del cártel de Sinaloa mientras aseguraba que sus policías luchaban por la seguridad de los ciudadanos, con el objetivo de oscurecer la vinculación de su grupo político con el crimen. 121 mil muertos dejó ese silencio. Como en el caso siciliano, esa estructura de la mafia tuvo líneas de mando (por eso es organizada): jefes, contadores, consejeros, y sicarios de sangre, seda o del engaño. Entre los jefes hay una confederación y, ahí sí, una cultura de lealtades y silencios. Lo que sabemos hasta ahora es la relación estrecha entre las privatizaciones, los sobornos, los recursos ilegales en campañas electorales y algunos medios de comunicación que las justificaron. Y, sin duda, los arreglos podían articularse desde arriba como sucedió con la Cosa Nostra que, como dice Falcone, funciona a través de un dicho siciliano: El junco se dobla hasta que baja la crecida del río. El pacto de impunidad consiste en la certidumbre de que, no importa la fuerza del agua, ésta pasará. En el caso de la política de la transición mexicana, la idea del junco fue la alternancia de partidos sobre un acuerdo básico de no castigar, de tapar y callar sobre los delitos compartidos.

El derecho a saber qué ocurrió en los últimos sexenios no es, en modo alguno, como dicen los abogados reticientes, que la mayoría le imponga una sentencia al Poder Judicial, sino generar una salida política a la innegable indignación casi unánime. Se ha escrito bastante sobre esa metáfora de la justicia que le debemos a Esquilo: Las Furias –rabia, cólera, indignación y enojo– cambian su nombre por Las Benévolas y habitan bajo la ciudad de Atenas. Así lo hacen para recordar que debajo de cualquier sistema de leyes y tribunales hay un fondo de pasiones de las que nadie puede liberarse sin perder la dignidad humana. Hasta el artífice de la no violencia, el Mahatma Gandhi, estableció el valor de la ira: Que no debamos sentir resentimiento no quiere decir que debamos someternos. La indignación moral ante el estado de los asuntos de la ciudad, lo público, es una fuerza que hace cambiar las propias leyes, a los jueces, a la policía, a los gobernantes. Sin ira no hay lucha contra la injusticia, nos recuerdan los dramaturgos griegos. Pero, como han escrito Judith Butler y Martha Nussbaum, de nada sirve infligirle daño al perpetrador de una injusticia o un crimen: su sufrimiento no restituye eso tan importante que destruyó. Entonces, ¿qué se busca con el juicio? Es que Las Benévolas salgan de los cimientos de la ciudad para dos asuntos: escuchar que los responsables, además de aceptarlos, expliquen sus crímenes, y lograr que no se vuelvan a cometer. Si se puede, que los criminales ex presidentes restituyan lo robado, aunque, en el caso del dolor y la muerte, no existe tal retorno. Esa es la voz de la consulta: saber la verdad para que podamos, entre todos, decidir si es posible o no que alguien les otorgue alguna forma del perdón.