uadalupe (no su nombre real), 20 años, fue integrante del grupo de estudiantes de primer ingreso con el que trabajé como profesor hace poco tiempo, tres horas diarias, leyendo, discutiendo textos, investigando en equipos. Con otras jóvenes de su estado de origen hizo un prolijo trabajo sobre la problemática de género en la UAM. Pero, a pesar de que ella había logrado ser admitida a una de las carreras más demandadas (Estomatología, versión mejorada de la Odontología) cuando vino la pandemia (y las políticas para hacerle frente) de inmediato quedó marcada como candidata a la exclusión, por su origen y género. Ella vino a la UAM desde una población pobre y pequeña (350 habitantes) del estado de Guerrero, con problemas de comunicación y que sólo ahora cuenta con una antena de Internet (para todos) con sólo una hora de acceso por persona. Comprensiblemente tuvo dificultades el pasado trimestre (y no aprobó) y, por no haber atendido o siquiera sabido a tiempo de los avisos (en Internet y correo electrónico), de la ampliación del plazo, no hizo el pago correspondiente y por eso no quedó inscrita en el trimestre que comienza pasado mañana, el lunes. Ella se puso en contacto conmigo pero sus gestiones y las mías (comprensiblemente) no prosperaron, a pesar de los pronunciamientos del rector general de que había que ser flexibles.

Es un caso que se vuelve símbolo de una nueva y agravada situación, como el de la joven de Chihuahua que se ampara por el excesivo cobro que le exige para la inscripción la universidad pública de ese estado. Por tanto, las luchas que año con año y desde 2006 impulsan protestas y demandas como las del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), ahora adquieren significados mucho más profundos: hay un mensaje premonitorio escrito en la pared y es de desprotección creciente. Un cambio en las circunstancias y las decisiones de las autoridades para enfrentar la pandemia hace que ellas y ellos sean los primeros y los más profundamente afectados. Porque las reglas y convenciones implícitas se escriben desde la perspectiva de una normalidad que es la de la clase media ilustrada y donde tener computadora de última generación, conexión estable, celular inteligente, datos así como el entrenamiento indispensable, se han convertido en elementos tan naturales como la respiración y el latido cardiaco. Pero, en determinados momentos y circunstancias, como los actuales, esas decisiones van directamente contra el derecho a la educación establecido en la Constitución en el 2019. Este derecho no sólo es válido para el acceso, sino que, evidentemente, incluye también el derecho a cursar los estudios una vez admitida (o). Tanto en la UAM como en la UNAM se han hecho declaraciones que hablan de miles de estudiantes que se han visto imposibilitados de continuar (desertores se les llama comúnmente) por no poder ganar una batalla en la que de antemano están en desventaja. Lo que significa que debido al diseño de la estructura normativa que regula el acceso y permanencia en las instituciones ahora se han fortalecido las tendencias a la exclusión.

Como informan los integrantes del MAES en la carta que le dirigen a la SEP, en un contexto de desigualdad como el que describen esto es muy preocupante. En México, la posibilidad de ejercer el derecho a la educación superior depende de forma muy importante de las condiciones socioeconómicas de cada aspirante, de modo que apenas 16 por ciento de los estudiantes en educación superior proviene de los primeros cuatro deciles de ingreso [los de más bajos ingresos] , mientras que 52 por ciento forma parte de los pasados tres [con más altos ingresos]. El abismo es dramático si se observa que apenas 6.4 por ciento de los jóvenes del decil uno [más bajo] van a la universidad, mientras que del decil diez, 94.3 por ciento recibe educación superior (Oficio MAES a la SEP, 20/07/2020). Y, en un panorama como este, urge actuar. Hemos visto cómo el nuevo coronavirus ha retado a las universidades a hacer lo inimaginado: ahora toca pensar cómo tender la mano a quienes este tren en marcha está dejando atrás. ( Idem).

Sería absurdo y contradictorio que la SEP de un gobierno que impulsó y logró que la educación superior fuera un derecho explícito, no tuviera el cuidado de defenderlo y promoverlo ante las y los jóvenes que desde hace lustros, con su exigencia y con el MAES, fueron construyéndolo. Las instituciones año tras año han aceptado hablar con los jóvenes, la SEP también, año tras año, ha propiciado ese encuentro. Hoy toca responderle en iguales términos a los aspirantes rechazados de la educación superior. Dejen que se reúnan, que hablen y, también, insistimos, dejen que se inscriban, incluyendo a Guadalupe, de Guerrero.

*UAM-Xochimilco