Al advertir a las autoridades encargadas de investigar el caso de Emilio Lozoya que no es recomendable retorcer la ley o actuar bajo consigna como se hacía antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él mismo gestionará la consulta popular para que la gente diga si se lleva a juicio a sus antecesores.

Lo anterior, precisó, en caso de que los ciudadanos no alcancen a reunir las firmas necesarias, o no haya consenso en el Legislativo para solicitarla consulta, aunque sugirió esperar el desarrollo de las indagatorias contra el ex director de Petróleos Mexicanos y las denuncias del ex funcionario, algunas de las cuales involucran a ex presidentes. “Lo voy a hacer (pedir la consulta) porque no quiero parecer verdugo, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice ‘es constitucional la consulta’, va al INE y se le pregunta al pueblo”, manifestó. Después reiteró que es partidario de ver hacia adelante.

Aseveró que el proceso y sus resultados no dependerán de la decisión de un puñado de servidores públicos o del Presidenteni tampoco de golpes, ataques, o enjuagues.

El que nada debe nada teme, y vamos a confiar en la Fiscalía, en el Poder Judicial y, sobre todo, pediremos su opinión al pueblo.

En la misma conferencia de prensa en Reynosa, Tamaulipas, con el Ejecutivo federal y tras anticipar que respondería a los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, el gobernador de ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, dio lectura a un documento en el que señaló que se trata de infamias e intrigas relacionadas con una lucha por el poder, y a la propaganda de organizaciones criminales y adversarios políticos, situación que le hace perder el tiempo aclarando dichos de un delincuente confeso, como es Lozoya.

Más tarde, López Obrador manifestó su confianza en que la FGR no aceptará nada sin pruebas o donde haya flagrante violación al Estado de derecho y, menos, cerrará el caso Lozoya.

A pregunta expresa, respondió que toca a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar si proceden las acusaciones contra Enrique Peña Nieto y si se configuraría el delito de traición a la patria.

En el pasado, resaltó, al no ser la corrupción un delito grave, se recurría a otros delitos para encarcelar aopositores. Puso como ejemplo a la ex dirigente del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, y a Rubén Núñez, fallecido líder de la coordinadora nacional de este gremio, quienes en su momento fueron acusados de lavado de dinero.

Ahora, añadió, hay independencia entre los Poderes de la Unión, no se persigue a nadie, no hay represión a los opositores, no se fabrican delitos, no hay consigna en contra de nadie.

Luego destacó el valor de la consulta ciudadana para que las decisiones no sean un asunto de un puñado de servidores públicos o de un hombre, como era antes, con el Presidente.

“No le vamos a hacer como lo hacen, con todo respeto, algunos de nuestros opositores que acarrean gente para oponerse a nosotros, y le preguntan (a alguno de los manifestantes) ‘¿por qué está aquí?’, y responde ‘porque quiero que se vaya el señor López’. ‘¿Por qué?’, ‘no, nada más porque quiero que se vaya’. ‘Pero, a ver, ¿qué ha hecho?’ ‘Nos está llevando al comunismo’. ‘¿Y qué cosa es el comunismo?’ Pues ahí se quedó”.