Si se aprueba una consulta popular para preguntar si se juzga a los ex presidentes de la República, tendrá que realizarse como marca la Constitución, el primer domingo de agosto de 2021 y se requeriría una ampliación al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.

Esto porque, para todos los efectos prácticos, implicaría la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, apenas dos meses después de la elección federal, señaló.

En una conversación vía Internet con la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Córdova señaló que, al continuar en vigor la Ley de Consulta Popular, no modificada o derogada por la actual Legislatura, ese ejercicio requerirá fondos como si se tratara de otro proceso. Si lo decide el Congreso, tendrá que revisarse dramáticamente el presupuesto que aprobamos (en el INE) y se envió a la Secretaría de Hacienda.

Se fue el tiempo

Recordó que, al comenzar en septiembre el año electoral 2020-2021, el Congreso ya no puede hacer modificaciones legales en la materia, lo cual introduce otro pequeño problema: la falta de regulación para la relección de los diputados y senadores.

El Senado dejó en la congeladora, expuso, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados con las reglas de la relección, y ello obligará a que el INE las apruebe, sin tener claridad, porque en el ámbito nacional ha sido regulada de manera disímbola.En algunos estados exigen la petición de licencia de los legisladores y en otros ponen requisitos exhaustivos al uso de recursos. El INE tendrá que decidir, en su sesión del 4 de septiembre, si otorga registro como partidos políticos a siete organizaciones que la tramitaron.

En tanto, el consejero Ciro Murayama señaló que la Fiscalía General de República se ha negado a entregar al INE información sobre el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, con el argumento del secreto ministerial. Córdova ha indicado que requieren conocer el expediente para que el instituto abra una investigación sobre el caso Odebrecht y la campaña del PRI en 2012.