Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (APIV) –que recibió la concesión de dicho puerto y fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una supuesta privatización– acumuló observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por poco más de 11 millones de pesos.

La mayoría de los señalamientos del órgano revisor del gasto público se refieren a una serie de pagos indebidos en proyectos de ampliación de diversas zonas portuarias, causados por la deficiente supervisión y control de las obras.

Buena parte de las observaciones de la ASF se realizaron en el contexto de la auditoría 408, de la cuenta pública 2018, en la cual se documentó que el organismo público encargado de administrar el puerto de Veracruz hizo pagos irregulares por trabajos que no resultan congruentes con la labor de colocar una serie de tuberías.

De igual forma, costeó de manera inadecuada labores de dragado en el patio adyacente de la terminal, ya que los trabajos fueron realizados con equipos distintos a los considerados en la matriz del precio unitario del concepto.

En el mismo documento se consigna que la APIV no presentó los dictámenes técnicos estructurales que acreditaran que una serie de piezas fracturadas y fisuradas no afectaran el comportamiento de la estructura de ciertas zonas del puerto, ni tampoco justificó por qué decidió pagar por dichas piezas pese a estar visiblemente dañadas.

En total, la ASF determinó que existieron probables daños al erario por un total de 11 millones 295 mil 425 pesos, los cuales hasta la fecha aparecen en la página del organismo fiscalizador como no solventados.

En la auditoría 20 de la cuenta pública 2014 se documentaron manejos irregulares por 120 mil pesos en la APIV, debido al pago en exceso de una contraprestación al gobierno federal relacionada con ingresos por la recuperación de seguros.