Santiago. Los propietarios de camiones agrupados en la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) rechazaron ayer una propuesta del gobierno chileno para mejorar la seguridad en las carreteras, prometiendo continuar de manera indefinida con un paro que entra en su sexto día y provoca desabasto en ciudades del sur del país.

El presidente de Fedesur, José Villagrán, uno de los gremios que integran la CNTC, declaró: nos hemos reunido los dirigentes desde Arica a Punta Arenas (las dos ciudades más lejanas en extremos opuestos del país) y hemos decidido rechazar esta propuesta, anunciando que de aquí en adelante conversaremos sólo con el ministro del Interior (porque) los asesores no sirven para nada. Esto que nos mandaron son migajas y los camioneros no estamos para eso.

Enterado de la decisión, el ministro del Interior, Víctor Pérez, reaccionó: vamos a tomar todas las medidas para evitar el desabasto y evitar los bloqueos de carreteras, y para eso vamos a usar todos los mecanismos que nos franquea la ley, para que a los chilenos no les falten alimentos, remedios (medicinas), combustibles ni nada de lo que requieren para su vida diaria.

Además, dejó abierta la posibilidad de aplicar a los dirigentes de la CNTC la Ley de Seguridad del Estado, que eleva a categoría agravada figuras como los desórdenes públicos y otros ilícitos referidos tanto a la seguridad interna como externa, así como el rigor de la sanción penal de manera especial”, según la describe el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Pérez aseguró que en materia de seguridad propusimos una serie de reforzamientos y un aumento sustantivo de los recursos y acciones de la policía para combatir la violencia, además de beneficios de carácter monetario para las víctimas, ya sea para los dueños de camiones o para los choferes que sufran atentados y lesiones, también para sus familias, así como seguros para cada uno de ellos, como pensiones de gracia, además de las normas que hemos tramitado en la Comisión de Seguridad del Senado.

Los transportistas están presionando por una mayor represión gubernamental en contra de lo que denominan acciones terroristas, para referirse a los ataques que sufren desde hace varios años en la Región de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago, donde operan de manera clandestina grupos que reivindican la recuperación de tierras ancestrales por parte del pueblo mapuche, y que han incendiado centenares de camiones, maquinaria agrícola y forestal, además de casas y cabañas en haciendas y lugares de recreación.

Los camioneros se han ubicado con sus máquinas en las carreteras neurálgicas del país, tanto en la Araucanía como en las cercanías de Santiago, bloqueando parcialmente el tránsito e impidiendo el ingreso y salida a los puertos de San Antonio y Valparaíso, de gran actividad comercial tanto para exportaciones frutícolas como para el ingreso de mercancías a Chile.

Los paros de camioneros en Chile recuerdan de manera trágica lo que ocurrió en el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-73), cuando en octubre de 1972 y en julio de 1973 bloquearon durante semanas la cadena de abastecimiento en todo el país, desempeñando un papel clave en la precipitación del golpe de Estado.