La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) en contra del impuesto ambiental creado en Baja California por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

La impugnación señala que con este gravamen la administración estatal invade atribuciones federales.

Se combaten específicamente las reformas a la Ley de Hacienda estatal contenidas en el Decreto 62, que obliga a los empresarios dedicados al comercio de hidrocarburos a pagar al erario local un impuesto de 17 centavos por cada kilo o litro de bióxido de carbono que sus combustibles lancen a la atmósfera al ser quemados.

Según el decreto que combate la CJEF, este impuesto no puede ser trasladado al consumidor final ni ser deducido de otro gravamen estatal.

La CJEF argumenta que este cargo se aplica al comercio de hidrocarburos, una actividad que sólo la administración federal puede gravar, conforme al artículo 73 de la Constitución general.

La SCJN dio 30 días hábiles a partir de la notificación para que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California respondan, y se informó del asunto a la Cámara de Diputados y al Senado.