n conferencia de prensa virtual para informar acerca del proceso que se sigue contra Juan Collado Mocelo por peculado, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche, sostuvo que si se encuentran los elementos suficientes, podría llamarse a declarar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad, Collado recibió 13.7 millones de pesos de la administración del priísta César Duarte Jáquez por servi-cios de asesoría legal que nunca se prestaron, y que en realidad estaban destinados al ex mandatario como un pago para operar a favor de Jáquez en sus esfuerzos para presidir el Partido Revolucionario Institucional.

Collado Mocelo se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México desde julio del año pasado por participar en una organización delictiva dedicada a la suplantación de identidad para adquirir bienes y luego ocultar los ingresos ilegalmente adquiridos en el sistema financiero nacional (operación coloquialmente conocida como lavado de dinero). Hasta el momento, enfrenta tres acusaciones penales en el ámbito federal, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) prepara un cuarto expediente, a los que se suma el proceso seguido en Chihuahua.

Desde que se produjo la detención de Collado se dio por sentado que las indagatorias de sus ilícitos sacarían a la luz complicidades y crímenes de integrantes de la clase política de las décadas recientes: no podía ser de otra manera, dado que a lo largo de su carrera como litigante defendió a personajes con historiales tan turbios como Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Mario Villanueva Madrid o Carlos Romero Deschamps.

En este sentido, el vínculo señalado entre el ex presidente Salinas y un episodio de corrupción perpetrado por la anterior administración chihuahuense, lejos de sorprender, confirma la vigencia de la extensa red de tráfico de influencias urdida por el principal artí-fice de la implantación del modelo neoliberal y del remate de los bienes públicos a capitales privados y extranjeros en condiciones sumamente lesivas para la nación.

Más allá del desenlace del proceso iniciado por las autoridades de la entidad norteña(es decir, de si logran probar la triangulación de fondos hacia Salinas a través de Collado y fincar las debidas responsabilidades por el quebranto a las arcas estatales), el episodio constituye una exhibición más del nivel de podredumbre alcanzado en todos los nivelesde gobierno, así como de la complicidad de poderosos litigantes para facilitar la consumación y ocultamiento de los ilícitos.

El hecho de que sólo ahora se señale de manera oficial al ex presidente por actos de losque siempre han existido indicios para inves-tigarlo formalmente es una evidencia incontrovertible de la impunidad que los funciona-rios del ciclo neoliberal se dispensaron mutuamente, sin importar las banderas partidistas ni las pullas verbales con que trataban de diferenciarse ante la ciudadanía.