ranscurren los años y los problemas se mantienen irresueltos, porque la autoridad da largas, interviene tímidamente y al miserable barón de la minería no hay quien le lleve la contraria ni lo ponga en su sitio: 14 años del homicidio industrial en Pasta de Conchos; 13 de la huelga en Taxco; seis del ecocidio en Sonora –por citar sólo algunos casos– y todo ha sido darle vueltas a la noria. Ya casi, en eso estamos, lo vemos, está pendiente, avanzamos…, pero el hecho es que todo se mantiene en el mismo lugar.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador celebró que el Grupo México y su tóxico dueño, Germán Larrea, entregó la concesión de Pasta de Conchos, algo que, por lo demás, el propio consorcio minero anuncio en febrero de 2020, y lo hizo para que el gobierno de la República “disponga de la mina y reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006… se trata de una decisión voluntaria, sin que cause precedente”.

Lo anterior, sin olvidar que el 1º de mayo de 2019 el propio López Obrador anunció que se recuperarían los cuerpos de los 63 mineros enterrados bajo toneladas de rocas tras la explosión de la mina en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), algo que permanente y cínicamente Germán Larrea se negó a hacer (de hecho, el empresario se amparó en varias ocasiones para evitar tal rescate). Es un acto de justicia al que me comprometí desde el 26 de enero de 2012 en Tepic, Nayarit, por lo que para lograr la meta se recurrirá a expertos, dijo el mandatario, y encargó la organización y acción a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien dice que el rescate tardaría entre cuatro y ocho años, con un costo estimado en 75 millones de dólares; y el tóxico barón cómodamente avienta la papa caliente, cuando la responsabilidad legal y ética es del Grupo México (la primera la ha evadido durante 14 años; la segunda no sabe de qué se trata ni con qué se come).

Además, 13 años atrás estalló la huelga minera en Taxco (en paralelo con las de Cananea, Sonora –brutalmente reprimida por el Borolas–, y Sombrerete, Zacatecas). Es la fecha en la que el problema no se resuelve, mientras al barón Larrea nadie lo incomoda. Durante ese periodo la autoridad laboral no ha movido un dedo, pero el presidente López Obrador atribuye la inacción y la huelga perpetua a que el concesionario de la mina (Larrea) y el líder del sindicato (Gómez Urrutia) no tienen buenas relaciones, como es sabido.

Sin embargo, el punto no es que se lleven bien o mal, que se odien o se adoren, sino de aplicar la ley, y en 13 años el gobierno (Calderón y Peña Nieto, y el actual, hasta donde va; favor de preguntar a Alfonso Romo) sólo ha protegido los intereses del barón. Ello sin olvidar el tiradero tóxico que Grupo México ha dejado en la citada mina guerrerense. Por cierto, el presidente López Obrador dice que en este entuerto ahí vamos; ya tenemos avances en algunos casos, aunque, admite, la empresa no quiere reconocer salarios caídos y continúa el problema. Tá güeno.

Y de cereza, han transcurrido seis años del peor desastre ambiental de la industria minera del país (Semarnat dixit). El 6 de agosto de 2014, Grupo México (Buenavista del Cobre) derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y otros metales pesados en el arroyo Tinajas del municipio de Cananea, que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, dañó una zona de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río y provocó un grave daño ecológico, económico y de salud a 25 mil habitantes de ocho municipios del estado.

Seis años, pero el presidente López Obrador dice que está pendiente, aunque ya me están escuchando María Luisa Albores y la Profepa para que se apliquen más que con prisa, con profundidad.

Ajá, ¿cuánta impunidad más?

Las rebanadas del pastel

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